Ha sido polémica en estos días la negociación por parte de los alcaldes con los concejales para que sean aprobados sus proyectos, elegir presidente del concejo y en general lograr una mayoría para tener gobernabilidad.

Debido a lo anterior, de frente, algunos concejales han desobedecido a su bancada como en Medellín o se han enfrentado acusándolos de clientelistas como ocurrió en Bogotá. Lo cierto es que estas viejas prácticas que tanto criticaban los mandatarios en campaña, terminan haciéndolas y hoy la meritocracia vuelve a estar en el olvido.

El ejercicio del control del poder ha sido desdibujado desde hace mucho tiempo por el clientelismo; en vez de convencer con argumentos y lógica, les ha quedado más fácil repartir la burocracia para así fortalecerse todos. Dicha práctica es, no solo promovida por el mandatario: también la ejercen los organismos legislativos: congreso, asambleas y concejos que se acostumbran a extorsionar al mandatario para asegurar su botín. Erradicar estas prácticas de corrupción es un verdadero desafío, porque desafortunadamente funcionan así: gobernantes y cabildantes a través del gasto estatal financian sus propios entramados de poder.

La lucha contra la corrupción es un reto de todos los países, pero en Colombia no se asume con seriedad; solo en campaña se hacen promesas y críticas; pero la oposición y los partidos alternativos, una vez logran el poder, suelen tener las mismas prácticas, salvo casos muy contados.

Con $3 billones de gasto de funcionamiento para solo Bogotá, todos los aliados caben y cualquier “acuerdo” se puede hacer. Gastar la billetera de todos sin tocar la propia es el grave problema del crecimiento del Estado: el burócrata tiene sus propios intereses, pero ejecuta dinero de todos; por eso suele alinear el gasto con lo que desea, incluso con sus aspiraciones políticas y así la práctica del ejercicio público se vuelve un fortín más.

¿Tenemos que resignarnos al clientelismo? No, la primera sanción debe ser social: todo político se ve golpeado cuando su imagen se merma, las encuestas les duelen a los mandatarios, la denuncia pública les duele a los concejales; de hecho, algunos solo gobiernan con base al resultado de estas. La segunda forma es la necesaria reducción del Estado; mientras más austero, menos plata tienen para repartir y hacer acuerdos políticos; el innecesario crecimiento de la planta estatal solo deja espacio a más amigos del mandatario de turno.

La tercera debe ser una reflexión social; no todo vale; concejales que traicionan su propia bancada, secretarios ofreciendo tratos a cambio de aprobaciones y diputados pidiendo espacios en las gobernaciones deben llevar a cuestionarnos en qué momento la democracia permitió que los intereses personales estuvieran por encima del bien común y por qué los ciudadanos siguen eligiendo una y otra vez al mismo clientelista.