Colombia ha sido uno de los países con mayor tradición democrática. En más de dos siglos republicanos, el país solo tuvo un bache dictatorial y, a diferencia de otros países de Latinoamérica, la institución ha venido repitiendo sus elecciones indefinidamente.

La cultura occidental ha sido la gran defensora de este sistema. A través del pacto social de Jean-Jacques Rousseau, los ciudadanos y el Estado hacen un acuerdo en el que todos los miembros de la sociedad renuncian a parte de su libertad individual a cambio de la protección y el bienestar que proporciona el Estado. Para que funcione dicho pacto, tanto el Estado como los ciudadanos tienen ciertas responsabilidades que deben cumplir. Por un lado, el Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, proveer servicios públicos de calidad y promover el bienestar general. Por otro lado, los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones cívicas, como respetar la ley, pagar impuestos y participar activamente en la vida política.

Con una tradición tan importante, ¿por qué las personas se sienten tan desencantadas por sus instituciones?

El primer problema es la corrupción. Las personas, fruto del escándalo continuo, han dejado de confiar. Según la encuesta más reciente de Pulso País de Datexco, a excepción del Ejército y la Iglesia, todas las instituciones tienen una imagen negativa superior a 50%.

El segundo problema es el aumento de la polarización política en Colombia, lo que ha debilitado el diálogo y la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. Un último problema, entre muchos otros, es la violencia y la inseguridad. El conflicto armado que ha afectado al país durante décadas ha dejado un legado de violencia y desplazamiento forzado que ha afectado a millones de colombianos. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil para lograr “la paz total”, la violencia y la inseguridad siguen siendo una preocupación constante para los ciudadanos.

El gobierno debe prestar especial atención a estos síntomas, pero los escándalos no le están ayudando; la corrupción en algunos de sus ministerios, el hijo del presidente vinculado con cobros a narcotraficantes y el secuestro de más de 70 policías, donde resultó uno de ellos muerto le ha puesto freno a sus intenciones.

Ad portas de importantes reformas, muchos pensarían que se pondrá en peligro la gobernabilidad y la aprobación de las reformas en el Congreso. La realidad es que es posible que todas las reformas vayan a pasar en el legislativo. Tan cerca de las elecciones regionales, los partidos buscarán fortalecer sus posiciones para ganar poder dentro del territorio, y esa es la oportunidad perfecta para negociar con el gobierno.

Lo anterior terminará por minar la confianza del electorado. Las obligaciones del pacto social no se están cumpliendo por ninguna de las partes, y la consecuencia será la transición a un régimen que puede ser peor.