Durante las protestas sociales que sacudieron a Colombia en 2021, la indignación colectiva encontró eco en diversos sectores, incluso en aquellos ajenos a la política, como fue el caso de una amiga médica en Cali. En su rol, no solo vio la crudeza de la crisis en carne propia, sino que llegó a simbolizar el sentir de muchos colombianos que se unieron a un clamor de cambio.

Las imágenes de jóvenes en la morgue, la desolación de las familias y la violencia desmedida marcaron un antes y un después en su percepción del país. Aquella explosión social fue una chispa que impulsó la elección de Gustavo Petro a la presidencia, con la promesa de transformar radicalmente un país que clama por justicia social, equidad y oportunidades.

Sin embargo, dos años después de ese ascenso al poder, la misma persona que se sintió parte de una fuerza transformadora se siente decepcionada. Lo que inicialmente fue una apuesta por el cambio hoy se ha convertido, para ella y muchos otros, en una sensación de traición. “Fue más importante llegar al poder que hacer las cosas bien”, me dijo recientemente, con un tono que mezcla arrepentimiento y resignación.

Es un sentir que parece haber permeado en amplios sectores de la sociedad colombiana. La última encuesta de Invamer señala que la popularidad del presidente ha caído drásticamente, situándose en alrededor de 29%. A pesar de las promesas de grandes reformas la realidad es que estas siguen estancadas, en medio de discusiones interminables en el Congreso y de la desarticulación política que ha caracterizado a este gobierno. Los grandes cambios prometidos no solo no han llegado, sino que muchos temen que nunca lo hagan.

Uno de los aspectos que más agrava la situación es el estancamiento de las reformas estructurales. El país ha observado un desfile de proyectos de ley que prometían transformar sectores críticos como la salud, el sistema de pensiones y el laboral, pero las dificultades para lograr consensos, sumadas a la falta de claridad y estrategia, han provocado que muchas de estas iniciativas sigan en el aire. Al mismo tiempo, los escándalos de corrupción y los problemas personales de figuras clave del gobierno han desviado la atención del verdadero propósito de su administración.

El reciente paro de camioneros, que amenaza con bloquear vías y generar desabastecimiento, es una muestra de la incapacidad del gobierno para gestionar los conflictos sociales que siguen latentes. Este paro se suma a una economía que no muestra signos alentadores para este año. Las proyecciones de crecimiento se han mantenido entre 0,6% y 1,3% sin contar la inflación que subirá por el paro actual.

Mientras tanto, los problemas de seguridad continúan siendo una preocupación creciente. La violencia no solo ha aumentado en las zonas rurales, sino que las ciudades también ven cómo el crimen organizado gana terreno, a pesar de los anuncios gubernamentales de estrategias para combatir estas problemáticas.

Pareciera que las promesas de seguridad y paz total quedaron en meras consignas: Mi amiga médica, que alguna vez creyó fervientemente en ese cambio, ahora lamenta haber dejado que las emociones del momento definieran su postura. No está sola en su decepción; muchos ciudadanos que respaldaron a Gustavo Petro en las urnas con la esperanza de un país mejor se sienten ahora traicionados, pues la bandera del cambio nunca tuvo un plan concreto de ejecución. El futuro de Colombia sigue siendo incierto, y aunque el cambio aún está pendiente, este gobierno ya no parece ser el vehículo adecuado para conducirlo.