La clase empresarial ve con nerviosismo la posible implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP. Sus alcances, apenas a discutirse en el Congreso, parecen contemplar no solo el juzgamiento de los líderes guerrilleros sino de todos aquellos que intervinieron en el largo conflicto colombiano.

Dentro del proceso de negociación, uno de los puntos acordados fue un tribunal especial, conformado por, en teoría, magistrados “ecuánimes” que iban a imponer penas alternativas a todos los combatientes de la guerrilla que estuvieran inmersos en procesos de rebelión, sedición y asonada. Durante la socialización de los acuerdos se dijo que no iban a participar en política sin pasar por dicho tribunal o que los líderes procesados por crímenes de lesa humanidad estaban en manos de la jurisdicción ordinaria y no ocuparían cargos públicos, en palabras del propio presidente.

Sin embargo, a un año de ganar el NO en el referendo por la paz en las urnas, la realidad nos muestra otra cosa. La JEP que está por discutirse, tendrá poderes, al menos en el papel, para juzgar a guerrilleros, empresarios y todos aquellos que considere intervinientes en el conflicto. Los líderes guerrilleros, con decenas de procesos y condenas en contra, se muestran en público como candidatos a todas las corporaciones; adicional a ello la escogencia de los magistrados de la JEP parece no ser la mejor, o esa es la sensación que cundió al mostrarse varios de ellos cercanos a grupos de izquierda y críticos de sectores allegados al uribismo.

El miedo de un gran sector del empresariado es natural y, lo peor, no es bueno para la economía. La zozobra que ronda en el ambiente desestimula la inversión y resiente el consumo. Ya el Banco de la República bajó las tasas de interés para tratar de estimularlo. Aun así, la inquietud es tal que sectores de la oposición, sin haber terminado la reglamentación de la JEP en el Congreso, ya recogen firmas para derogar el tribunal; y es natural: para nadie es un secreto que sectores de todo el país obligados por la situación, pagaron “vacunas” a grupos al margen de la ley para ser protegidos o para que no fueran desalojados; varios de ellos también emplearon desmovilizados de grupos paramilitares y muchos otros, de manera abierta, se alegraron por alguna baja de las filas guerrilleras.

Los empresarios siempre piden baja carga tributaria y, sobre todo, seguridad jurídica. Esto sienta las bases para la inversión y el posterior desarrollo de un país; bien hizo Ayn Rand al comparar, en su libro “la rebelión del atlas”, a los empresarios con el Atlas cargando a sus espaldas el mundo desarrollado que conocemos; ellos son el motor de la economía, generan empleo, pagan impuestos y producen riqueza que finalmente se ve en el consumo y en las calles. Mal se haría en convertirlos en parte del conflicto, en el que de una manera u otra todos sufrimos e intervenimos.