La semana pasada se llenaron plazas protestando por el asesinato de “líderes sociales”. Con velas y homenajes se reclamó enfáticamente al gobierno por la protección de personas que representaban a la comunidad.

La desaparición de personas que lideran luchas sociales es un tema al cual se enfrenta Latinoamérica. En las dictaduras fue común que, incluso estudiantes afines a causas socialistas, sintieran el rigor de los militares.

En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, han sido asesinados desde el año 2016 cerca de 282 líderes sociales y en las últimas dos semanas ha existido una escalada que lleva más de 15 en la lista.

Un líder social en el país es aquella persona que destaca por hacer valer los derechos de una comunidad; la mayoría de veces sus causas son asociadas con la izquierda, o mejor, aprovechadas por ella, para así visibilizar sus problemas consiguiendo representación política.

En Colombia, gracias a la violencia, dichas causas han conllevado la muerte de muchos de ellos; según informe de la citada entidad, los asesinatos han aumentado un 32% respecto a 2016 y no se tiene una causa clara del por qué; ONGs señalan que el aumento de asesinatos se debe al problema de tierras, y en su mayoría los asesinados representaban una etnia o un grupo poblacional.

Los asesinatos son un drama y deben conmover a toda la población, puesto que no es posible convivir en un país que lucha por la paz y se acostumbra a la muerte de sus gentes. Sin embargo, el reclamo legítimo de tantas personas se ha visto empañado con la protesta de algunos terroristas que en el pasado colaboraron a dicho fenómeno.

En la marcha se juntaron sectores que dicen acompañar a los líderes, pero en realidad fueron victimarios. Timochenko prendiendo velas y letreros de Alfonso Cano presentado como víctima, deslegitiman un reclamo válido y necesario en la sociedad.

El aumento de los cultivos ilícitos y la lucha entre clanes que controlan la producción son la mayor amenaza para los líderes sociales, puesto que aquellos están dispuestos a pasar por encima de quien sea con tal de seguir delinquiendo, más cuando el Estado se ha mostrado incapaz de proponer una solución viable al problema y mostrar su autoridad.

Tristemente este fenómeno está siendo utilizado por sectores de la oposición del nuevo gobierno que, con pasión e incluso con mala intención, procuran relacionar este drama con la victoria en las últimas elecciones, presentando a cualquier víctima como coordinador de la campaña pasada; tal ocurrió en Pitalito, o peor aún con los muertos recientemente en lucha por territorios del narcotráfico.

El asesinato de cualquier persona debe ser una alerta para el gobierno, puesto que no puede existir paz con el homicidio selectivo de personas que trabajan por una comunidad. Su contundencia en la solución debe robarle las banderas a un sector que simplemente busca figurar.