Sin muchas sorpresas acaban de pasar las elecciones al Congreso de Colombia. Los grandes caciques electorales repiten curul y llegan algunos personajes nuevos a componer el Congreso. Lo realmente sorprendente es que, con un poco más de 50.000 votos, la lista conformada por las Farc vaya a tener 10 curules, las mismas del Partido Verde que sacó más de un millón de votos.

Reincorporar a la vida civil a un grupo terrorista es necesario, pero regalarles representación democrática de manera tan amplia sin haber sido siquiera juzgados, es un problema, pues la justicia debería imperar antes que la representación, ya que de fondo el principal problema no se ha resuelto: el tráfico de drogas.

Se volvió costumbre decir que vivimos las elecciones menos violentas, las navidades con menos muertos, hasta los Halloween más pacíficos; y es lógico, si a un grupo terrorista no se le persigue y se le deja continuar con su negocio no va presentar problemas. Es como prohibir los carros en una ciudad y salir a decir que no hay trancones.

El mercado de las drogas en Colombia representa un estimado de $13,6 billones, según un estudio de Mejía y Rico en 2008. Con el crecimiento de las exportaciones de cocaína y el aumento de los cultivos en el país se espera que esa cifra sea mayor; para ese momento representaba más de 2% del PIB, lo que deja ver que no es un negocio menor, negocio en el cual está probado participaron las Farc y en el momento de la negociación no se habló de las rutas del narcotráfico y, con la sorna que los caracteriza, alegaron estar sin plata para las víctimas; peor aún, el Estado, con la plata de todos los colombianos, les patrocina su grupo político y los sueldos que devengarán, sin contar las demás prerrogativas a las que se comprometieron.

Desde el Congreso le quedará muy difícil a los nuevos representantes defender las posturas a favor del negocio del narcotráfico y más complicado desligarse de este fenómeno, pues a pesar de los secuestros, la financiación de estos grupos terroristas fue por el tráfico de cocaína, negocio ilegal que sigue rampante; y si bien los cabecillas piensan ahora en curules y hasta en la Presidencia, la actividad ilícita siguió funcionando y probablemente algo tengan que decir los antiguos líderes del negocio.

Un desafío mayúsculo le espera al gobierno venidero, que tendrá dos opciones: combatir de nuevo el narcotráfico y soportar las externalidades negativas que ello conlleva, como el aumento de la violencia, la vuelta del terrorismo, el enfrentamiento entre el Ejército y estos grupos ilegales y con ello la división de la opinión pública, o hacerse el de la vista gorda y dejar que el negocio crezca y siga permeando nuevas instituciones de la sociedad. Lo que al final contentará apenas una pequeña porción de los ciudadanos.

Estas son las consecuencias de no ser claros desde el principio y traer una paz a medias.