El reciente anuncio de que los colombianos deberán tramitar nuevamente una visa para ingresar a Inglaterra, tras una ola de solicitudes de asilo sustentadas en documentación falsa, revela un problema que trasciende la simple relación diplomática. Aunque es injusto responsabilizar exclusivamente al gobierno de turno, no se pueden ignorar las profundas raíces sociales, económicas y culturales que han llevado a este retroceso.

La emigración desde Colombia no es un fenómeno reciente. Según datos de la ONU, en 2023 más de 5,2 millones de colombianos residían en el exterior. Las principales razones que impulsan esta migración incluyen la búsqueda de mejores oportunidades económicas, el escape de la inseguridad y la percepción de un futuro más prometedor en otras naciones. En el caso específico del Reino Unido, las estadísticas revelaron que, entre 2022 y 2023, las solicitudes de asilo de colombianos crecieron 60%, alcanzando cerca de 12.000 peticiones.

El problema radica en que, de este total, un porcentaje significativo resultó ser fraudulento. Medios británicos y colombianos han reportado que la falsificación de documentos, incluyendo certificados de persecución, fue una práctica recurrente. Esta situación no solo afecta la credibilidad de quienes realmente necesitan asilo, sino que empaña la imagen de los colombianos como migrantes.

Duele que el colombiano recurra una vez más a prácticas deshonestas. Sin intentar justificarlo, es necesario considerar la desesperación, la falta de oportunidades y una cultura que, en ocasiones, normaliza el “rebusque” por encima de la legalidad. En 2022, Transparencia Internacional clasificó a Colombia como el 91.º país más corrupto del mundo, destacando que la corrupción se infiltra no solo en las instituciones, sino también en las dinámicas cotidianas.

El impacto de esta falta de honestidad trasciende las fronteras. Las acciones de unos pocos terminan afectando a toda una población, restringiendo la movilidad y alimentando estereotipos negativos en el exterior.

Es innegable que las deficiencias en la formación y selección de funcionarios han contribuido a agravar el problema. Muchos de quienes manejan los asuntos migratorios carecen de la preparación necesaria para prevenir el fraude o asesorar adecuadamente a los ciudadanos sobre las vías legales para emigrar. A esto se suma la respuesta irónica y desafortunada del gobierno colombiano de “reciprocidad” hacia el Reino Unido, sugiriendo que ahora se exigiría visa a los ciudadanos británicos que deseen ingresar a Colombia. Este comunicado, más cercano a un berrinche que a una política seria, refleja la incapacidad de los representantes para abordar el problema de fondo con soluciones reales.

Vale la pena preguntarse por qué los colombianos recurren a cualquier método con tal de emigrar. Sin duda, es el resultado de una suma de factores, pero es lamentable que tantos compatriotas sientan la necesidad de dejarlo todo en busca de mejores oportunidades.

El anuncio del Reino Unido de exigir nuevamente visas a los colombianos no es solo un revés diplomático, sino un reflejo de las fallas estructurales de nuestra sociedad. La emigración, aunque legítima, debe ser responsable y honesta. Mientras tanto, el Estado tiene la obligación de trabajar para que migrar no sea una necesidad, sino una opción. Solo así podremos reconstruir la confianza perdida y cambiar la narrativa de nuestra diáspora