Colombia ha sido testigo en décadas de fluctuantes liderazgos políticos y, lamentablemente, una constante presencia de escándalos de corrupción. A pesar de avances notables en la estabilidad política y la reducción de la pobreza, el país también ha experimentado un incremento en la desigualdad y problemas sociales que persisten sin solución. Estos desafíos han llevado a una creciente movilización social en los años anteriores, especialmente por parte de la juventud, buscando un cambio profundo.

Según el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso entre la población, Colombia se ubicó en el séptimo lugar de los países del mundo con mayor desigualdad de ingresos y en el primer lugar de desigualdad de Sudamérica en 2019. Según los datos del Dane, más de 21 millones de personas vivían en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema en 2020. La pandemia del covid-19 agravó esta situación, al generar una caída del producto interno bruto (PIB) de 6,8% en 2020 y un aumento de la pobreza monetaria de 35,7% a 42,5% entre 2019 y 2020. Esto significó que 3,5 millones de personas entraron en condición de pobreza en ese periodo.

El año 2021 mostró una recuperación económica y social, que se mantiene, no obstante, esta recuperación no ha sido homogénea ni suficiente para revertir los efectos negativos de la crisis sanitaria. Algunas regiones y sectores poblacionales siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar. Además, el país ha experimentado un ciclo inflacionario que ha afectado el poder adquisitivo de los hogares.

El presidente Duque, durante su mandato, no logró articular una respuesta efectiva a las legítimas demandas de distintos sectores sociales. Más bien, pareció profundizar el cansancio por las instituciones establecidas. Este descontento llevó a un giro radical en la dirección del país, culminando en la elección del actual presidente.

Si bien las protestas tenían razón en bastantes de sus reclamos, no se puede permitir que las llamas del descontento arrasen con todo lo construido en Colombia. Es innegable que el país ha logrado avances importantes en términos de estabilidad y reducción de la pobreza. No obstante, también es un hecho que la brecha entre ricos y pobres ha crecido de manera preocupante.

Pero la solución a esta problemática no radica en destruir las instituciones, sino en mejorarlas. Se necesita una reforma profunda que aborde la corrupción sistémica y permita una distribución más equitativa de los recursos y las oportunidades. Esto incluye medidas concretas para garantizar el acceso a la educación, y la vivienda para todos los colombianos. Reconociendo que la corrupción y la ineptitud comienzan por sindicatos como Fecode y algunos funcionarios públicos.

El gobierno debe reconocer también que el Estado no puede proveer todo. Colombia, como muchas otras naciones, ha demostrado que el gobierno no es eficiente en la gestión de todas las áreas de la vida pública. La inversión privada y la creación de empleo son motores fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Pelear contra los empresarios y quienes buscan generar empleo solo llevará a un estancamiento económico perjudicial para todos.

Los que organizaban las protestas ya son gobierno, en lugar de un enfrentamiento, es hora de que el país se enfrente a sus desafíos con un enfoque en la cooperación y la construcción, en lugar de la confrontación y la destrucción. Solo de esta manera se podrá construir algo de equidad.