Se ha vuelto común en las redes sociales los videos de personas reaccionando de manera violenta contra ladrones y bandidos. En las noticias se vio hace poco el caso de un escolta que disparó contra dos atracadores y el de un carro que embistió a dos ladrones. En todos los casos la mayoría de comentarios son positivos y alaban este tipo de acciones.

La vida es el bien más preciado y defendido por la Constitución; defenderla no solo es un derecho sino un deber del Estado; sin embargo, éste se ha quedado corto en tal propósito y, como toda forma viviente, la sociedad al sentirse indefensa reacciona, la mayoría de veces de manera violenta.
Bogotá, según el informe de la Cámara de Comercio, presenta 40% de victimización entre indirecta y directa, siendo el hurto en la calle el delito usual y en el transporte público, en donde aumenta un 12% su ocurrencia; según este mismo estudio solo 35% de las personas pone el denuncio. Esto porque ponerlo, para una persona común y corriente, resulta un trámite engorroso; además que la impunidad reina en la mayoría de los casos.

Vecinos del barrio Rosales cansados de la inseguridad contrataron una empresa de vigilancia para patrullar las calles; su localidad, la de Chapinero, es una de las que presenta mayores índices de robo, algunos de ellos violentos y con consecuencias mortales. Según el diario El Espectador, previamente la misma comunidad le solicitó permiso al Distrito para armarse; ante la negativa desarrollaron el plan “frente 12” que en manos de privados buscan suplir la falta de presencia policíaca del sector.

Para rematar todo este panorama, desde la pasada alcaldía, en Bogotá está prohibido el porte de armas de fuego y a nivel nacional desde el año pasado por orden presidencial. Sacar un arma en Colombia es trámite difícil; se somete a la persona a exámenes físicos, psicológicos; debe demostrar la procedencia del arma y la cesión o compra debe ser aprobada por el coronel de la brigada después de una entrevista. En cambio, los delincuentes son los únicos que en este momento las portan, pues como dice la lógica, sus crímenes se cometen con armas de fuego ilegales, que son de fácil adquisición en el mercado negro.

La justicia por mano propia no es la salida a la construcción de un país, pero sí demuestra que al Gobierno el tema se le está saliendo de las manos. Desesperada, la comunidad está ideando formas de protegerse y hasta que no se ejecute una política de seguridad ciudadana seria, los videos de ataques por mano propia seguirán apareciendo a diario, pues nadie está llamado a dejarse matar o robar cual cordero. Y si el Estado falla en uno de sus fundamentos básicos como es el de brindar seguridad, las personas están legitimadas para buscar maneras de solucionarlo; el “frente 12” y los linchamientos deben ser por tanto un campanazo; hay que actuar porque de la delincuencia el país no se va a dejar.