Esta semana, como era de esperarse, se aprobó en el Congreso el acuerdo de Escazú. Dicho acuerdo es un tratado internacional firmado por más de 25 países en donde se garantiza el derecho de información y participación a las distintas comunidades de las decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

A primera vista se ve un buen convenio para el país, en donde se les da mayor participación a los ciudadanos en materia ambiental. Sin embargo, su aplicación puede traer distintos problemas: en primer lugar, la constante aprobación de comunidades para cualquier proyecto que afecte los recursos naturales limitará las posibilidades de las empresas para acceder a cualquier construcción que esté cerca a cualquier recurso natural.

Las consultas previas no han tenido un buen desarrollo en el país, con esta nueva regulación sencillamente se puede desestimar cualquier proyecto minero o de ingeniería.

El afán por estar al tanto de las normativas internacionales a veces hace olvidar al gobierno las características propias del territorio, Colombia es un país con un conflicto interno alimentado por el narcotráfico, las actividades legales se pueden ver truncadas por la excesiva regulación que se va a imponer además por el interés de grupos al margen de la ley por mantener su negocio lejos de la presencia del Estado.

Un simple acueducto, un puente o una carretera podrían estar en peligro por el capricho de estar a la vanguardia de una regulación hecha para países sin los conflictos que tiene Colombia.

La “aristocracia verde” se pasea por el mundo exigiendo cumplimientos y reclamando compromisos mientras viajan en aviones y cobran viáticos por discursos. En realidad, toda esa cantidad de exigencias en contra de los hidrocarburos y la minería, son difíciles de cumplir en Europa, mucho más en Latinoamérica, pensar que una familia de clase media va a comprar un carro eléctrico que es más caro y menos práctico por las exigencias de la aristocracia verde es ilógico en muchos casos, pero además injusto.

La peor parte de todas estas exigencias es que hacen olvidar los verdaderos problemas, Colombia tiene una pobreza monetaria según el Dane de 39,3% y por estar pensando en cumplir tratados se desvía la atención de lo realmente importante, en este momento se acuestan sin comer según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia casi 600.000 niños en el país, mientras que una aristocracia quiere prohibir los carros de combustible a partir de 2035.

Colombia debe concentrarse en solucionar el problema de pobreza, narcotráfico y corrupción, lo demás son distractores para congraciarse con una moda verde, que al final poco le importa lo que pase con el país, ojalá el gobierno sea cauto pero sobre todo sensato en la implementación de este nuevo acuerdo, de lo contrario a una nación herida se le estará dando un golpe definitivo donde el crecimiento inverso de ser un discurso se volverá una cruda realidad.