En Colombia se viene consolidando un fenómeno preocupante: la decadencia del mérito en el acceso a los cargos públicos. Ya no es extraño ver nombramientos aparentemente absurdos, cambios de manuales de funciones para acomodar a personas sin idoneidad o casos escandalosos en los que se intenta legitimar lo ilegítimo. El resultado no es solo un agravio para los profesionales competentes, sino una erosión profunda del Estado, de su eficiencia y de la confianza ciudadana en las instituciones.

Un caso reciente fue el episodio que involucró a Juliana Guerrero, quien pretendía llegar a un cargo de viceministra sin cumplir con los requisitos de formación profesional exigidos. La insistencia en un nombramiento claramente irregular y la posterior evidencia de compras de títulos -incluido un episodio con la Universidad San José- expusieron a la luz pública un mecanismo de entrada al servicio público: no por mérito, sino por palancas, influencias o resultados espurios.

Este patrón se repite en distintos niveles. Es frecuente ver nombramientos en ministerios, superintendencias o entidades sectoriales donde la capacitación técnica, la experiencia pertinente o la formación profesional son secundarios frente a la cercanía con círculos de poder.

El fenómeno del clientelismo burocrático -la práctica de otorgar cargos y favores a quienes responden políticamente- ha invadido espacios que deberían estar reservados para especialistas y técnicos.

La decadencia del mérito no solo degrada el empleo público; también tiene consecuencias cuantificables en la gestión estatal. Basta mirar ciertas instituciones clave. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación (Dnp), encargado de formular las políticas públicas, requiere cuadros técnicos sólidos en economía, estadística, planificación social y gestión pública. En un contexto en el que los perfiles técnicos ceden espacio a nombramientos por cercanía política, se corre el riesgo de que instrumentos como los planes de desarrollo o los documentos de política pública pierdan rigor técnico y se conviertan en excusas retóricas.

Este fenómeno no es exclusivo de un solo gobierno, pero en la administración actual ha resultado particularmente notorio.

Diversos reportes de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y del Departamento Administrativo de la Función Pública han venido advirtiendo un problema que se volvió costumbre: la provisionalidad, que por ley debería ser una figura excepcional y temporal, terminó convertida en regla dentro del Estado colombiano. La CNSC ha señalado que miles de cargos permanecen ocupados durante años bajo esta modalidad, lo cual no solo frena la consolidación de la carrera administrativa, sino que abre la puerta a una peligrosa discrecionalidad política en puestos estratégicos.

Cuando un ministerio clave no cuenta con técnicos competentes, las estrategias se improvisan; cuando una superintendencia no tiene expertos en regulación, las normas se vuelven ineficaces; cuando el departamento encargado de planeación carece de economistas formados, las proyecciones fiscales y los planes sectoriales pierden validez y credibilidad. El resultado es un círculo vicioso: instituciones menos competentes generan políticas públicas menos eficientes, lo que profundiza la frustración ciudadana y refuerza la percepción de que el Estado no sirve, que “al final todos son iguales” y que la meritocracia es irrelevante.

Cuando el mérito se pierde, lo que viene detrás es la mediocridad institucional y la incapacidad para responder a las demandas reales de la sociedad, y un Estado ineficiente no solo malgasta recursos, sino que también traiciona la confianza de quienes sí se esfuerzan por construir una Colombia eficiente, productiva y digna.