A tres días de la segunda vuelta, Colombia vive un fenómeno político: la democracia del berrinche. Es la convicción -cada vez más extendida- de que las urnas solo son legítimas cuando uno gana. Si gano, el pueblo habló; si pierdo, me robaron. Si el resultado me favorece, hay democracia; si me adversa, hay fraude. Es la versión adulta de la pataleta infantil, solo que con consecuencias institucionales graves.

Ese fenómeno no es nuevo. Antes incluso de la primera vuelta del 31 de mayo, sectores de distintas orillas ya estaban preparando el relato de la derrota. La Silla Vacía rastreó 1.783 publicaciones sobre fraude electoral en X entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026; de las 329 con mayor alcance, 59 fueron del presidente Gustavo Petro, con 12,8 millones de vistas: más que cualquier otro actor político del país. Tras la victoria de Abelardo De La Espriella, Petro ha publicado más de veinticinco trinos cuestionando los resultados, ha denunciado 5.300 mesas “atípicas” y una supuesta modificación del censo electoral; la Registraduría, la MOE, la Procuraduría y observadores independientes los han desmentido punto por punto. En marzo, el Tribunal de Cundinamarca le ordenó rectificar sus afirmaciones de fraude en 2014, 2022 y 2026, y abstenerse de hacer señalamientos sin pruebas. Petro no rectificó. El berrinche, en este caso, viene desde el balcón presidencial.

Pero la lógica del berrinche no es monopolio de un solo lado. La noche de la primera vuelta, De La Espriella -ganador- advirtió que defendería la democracia “por la razón o por la fuerza”, una frase cuya temperatura no necesita comentario, y pidió veeduría internacional ante un eventual desconocimiento de resultados. Es decir: ya está armando, él también, el guion del agraviado. Dos campañas que se preparan simultáneamente para no aceptar la derrota es una receta de ingredientes conocidos.

Colombia tiene una historia dolorosa para jugar con ese fuego. El antecedente más recordado es el de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, perdió frente a Misael Pastrana Borrero en medio de fuertes denuncias de fraude. Las emisoras daban inicialmente como ganador a Rojas Pinilla; esa noche el Gobierno prohibió nuevos boletines radiales y, cuando volvió la información, el rumbo del conteo había cambiado. Aquel episodio no quedó como controversia electoral: fue uno de los detonantes simbólicos del nacimiento del M-19, guerrilla que tomó su nombre precisamente de esa fecha. El relato del “fraude” terminó pariendo una guerrilla. Colombia ya sabe lo que ocurre cuando una parte importante de la sociedad concluye que las urnas no sirven.

La advertencia más cercana llega esta misma semana desde Perú. El 7 de junio se celebró la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del continente: al 99,38 % de las actas, Fujimori aventajaba a Sánchez por unos 39.000 votos en más de 18 millones. La asociación civil Transparencia, encargada de la observación electoral, descartó irregularidades generalizadas. Aun así, Sánchez -candidato de Juntos por el Perú- pidió un recuento total que Fuerza Popular rechazó, su partido convocó protestas frente al Jurado Nacional de Elecciones y el candidato pasó, en una semana, de exhortar a respetar los resultados a evitar confirmar si los reconocerá.

Ese es el riesgo de la democracia del berrinche: no necesita demostrar nada, le basta con sembrar la duda. No corrige irregularidades concretas; instala la sospecha total. Y cuando todo se considera fraudulento, nada queda en pie: ni la institucionalidad, ni la voluntad popular, ni la posibilidad misma de gobernar.