Hace unas semanas celebraban con júbilo en Jesús María (S) la prohibición de la explotación minera en el municipio; de igual forma en Cajamarca sus habitantes, en una consulta popular, decían No a la minería con un aplastante 98%. Días después, personas del primer municipio entutelaban el derecho al trabajo y los segundos pedían al gobierno propuestas, pues muchos se quedaban sin oportunidades laborales.

El año 2017 trajo un alza en los precios de los metales; Perú obtuvo como inversión, según la revista Semana Económica, US$600 millones en infraestructura, exploración y preparación. Dicho país, a partir de los años 90, comenzó una transformación minera en la que fusionaron el ministerio ambiental con el minero y dieron paso a una liberalización de dicho mercado, en el cual se crearon institutos especializados para fiscalizar y promover la responsable explotación. Como consecuencia de ello, 20% del PIB del Perú lo aporta la minería y ella representa el 65% de las exportaciones del país; recientemente, movimientos sindicales y ambientalistas intentaron la prohibición de la minería a más de 3000 metros sobre el nivel del mar y fracasaron en su intento.

Mientras tanto, en Colombia, la minería de todo tipo ha sido desacreditada por distintos grupos “ecológicos”. Lejos de proponer soluciones, los grupos que desprestigian la minería se contentan con prohibirla y, como pasó en Cajamarca, una vez paralizada la explotación, se marchan sin plantear una solución a tantas familias que quedaron sin trabajo, a un municipio que se queda sin regalías y a un país que se queda sin percibir recursos; hoy, el sector minero-energético aporta 7 % del PIB. Y la minería tradicional equivale al 2,1% del PIB generando más de 350.000 empleos directos y aportando el 50% de las exportaciones, según la revista Semana.

Prohibir por completo la minería parece una realidad. La locomotora anunciada por el gobierno nunca arrancó y, lo peor, no parece importarle. La Corte Constitucional, con sus distintos fallos, ha favorecido esta tendencia; pero lo grave una vez más: no plantean soluciones.

Dichas prohibiciones no han solucionado el problema más grave que tiene la industria minera: la minería ilegal. Según datos de la Procuraduría, cerca de 70% de la explotación minera de oro es ilegal; aunado a esto, grupos ilegales son los que han llegado a controlar dichas explotaciones, generando un problema social que sigue creciendo en Colombia.

Un país que dependía del petróleo y ahora quiere prescindir de la minería parece inviable; Chile y Perú son ejemplos de cómo se puede realizar actividad minera; sin embargo, en Colombia parece que los intereses de distintos grupos ideológicamente cargados terminaron prevaleciendo y empapando la opinión pública; la minería legal va en vía de extinción, mientras que los grupos al margen de la ley celebran, pues queda todo para ellos.