La semana pasada, el Presidente objetó la ley de creación de la Justicia Especial para La Paz (JEP); las seis objeciones versan sobre la reparación de las víctimas, la responsabilidad de los crímenes internacionales y la facultad ejecutiva de decidir quiénes irían a la JEP, entre otros.

De manera casi simultánea se levantaron distintos sectores políticos a decir que estaban acabando con la JEP y que con ello se daría una estocada al proceso de paz. La controversia está en pie; mientras tanto, dicho tribunal por tercera vez cita de nuevo a alias “el Paisa”, quien se niega a comparecer, tampoco lo hace Iván Márquez, la extradición de Santrich sigue en el limbo y se conocen cada vez más casos de contratos millonarios a políticos amigos, nóminas paralelas y un escándalo de corrupción por resolverse. Frente a todo ello, ¿debe el Presidente mantenerse en sus objeciones?

Lo primero es que el Presidente estaba facultado legalmente para hacerlas. La colaboración armónica entre las ramas permite al mandatario devolver una ley estatutaria para su revisión si la considera inconveniente; dicho poder está ratificado por la Corte Constitucional, quien en su sentencia C - 011/94 señala “un proyecto de ley estatutaria será enviado al Presidente de la República para su sanción u objeción por inconveniencia”, así dichas objeciones se ajusten no solo al derecho nacional sino al internacional, pues ellas pretenden salvaguardar los derechos de las víctimas, en especial el de tantos menores vulnerados. En un estado de derecho como el colombiano, los niños tienen especial protección constitu- cional y una nueva Corte no puede entrar a juzgar como parte del conflicto un delito atroz. Un proceso de paz debe estar revestido de reconciliación, pero aquella es imposible sin justicia.

La justicia transicional fue creada en la posguerra como un tribunal temporal que juzgaba los delitos cometidos sobre el conflicto para así impartir justicia y darle fin; esta ha sido usada en distintas partes del mundo siendo un tribunal en teoría ecuánime, justo y temporal. La JEP en su creación el primer año costó US$4,7 millones según informe de la propia secretaría; en el 2018 tuvo cerca de $200.000 millones para su funcionamiento y para el 2019 pide más de $300.000 millones. Un tribunal que se ha dedicado a postergar las decisiones y envuelto en polémicas se está gastando buena parte de todos los colombianos, ¿es incapaz la justicia ordinaria de hacerle frente al proceso de paz? No; y aquella debería juzgar varios de los crímenes, en especial los de lesa humanidad y los cometidos después de firmado el proceso.

Bien hace el Presidente en mantenerse en las objeciones y la JEP debe comenzar a trabajar, pues ha tenido más polémicas que fallos; la necesidad es de justicia y fue el deseo de quienes perdieron en el plebiscito, los que terminaron creando un Tribunal que parece hecho a la medida de quienes se pretenden juzgar.