El secuestro, una práctica repugnante y degradante, ha asolado a Colombia durante décadas, dejando una cicatriz indeleble en la sociedad y amenazando la integridad de las instituciones estatales. Recientemente, el caso del padre de Luis Díaz, jugador de la selección colombiana, ha puesto de relieve la persistente violencia y la debilidad del Estado frente a los grupos armados ilegales. Este incidente es solo uno de los muchos que han sacudido al país, reflejando la compleja problemática en la implementación y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

El secuestro del padre de un importante futbolista ha suscitado un torrente de indignación en toda Colombia. La petición de despeje por parte de los secuestradores representa una afrenta directa a la soberanía estatal, una capitulación vergonzosa que subraya la falta de autoridad y control del gobierno en ciertas regiones del país. Esta solicitud, que se ha mantenido sin respuesta durante días, refleja la ineficacia del Estado en proteger a sus ciudadanos y proteger sus derechos.

Más preocupante aún es el dramático aumento de 85% en los casos de secuestro en el país, según los datos recientes que divulgó el mismo Ministro de Defensa. Este incremento no solo subraya la persistente amenaza de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, sino también la falta de una estrategia integral y efectiva para combatir este flagelo. La inacción prolongada del gobierno en respuesta a tales actos delincuenciales ha generado una sensación de impotencia y desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

El incumplimiento de los secuestradores, sumado a las exigencias de las disidencias de las Farc para el despeje total del Cauca, plantea serias dudas sobre la credibilidad y la eficacia del proceso de paz en Colombia. Es inaceptable que, para entregar a una persona, se deje sin seguridad a otra durante tantos días y que tantos ciudadanos deban renunciar a sus derechos por la incapacidad estatal. El secuestro y el despeje son una renuncia a la soberanía del Estado, y en medio de un proceso de paz, no pueden ocurrir. Además, los terroristas piden condiciones que no cumplen, lo que equivale a una concesión del Estado sin recibir nada a cambio

La fragilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones básicas, como garantizar la seguridad y proteger a sus ciudadanos, socava la confianza de la población en las instituciones fundamentales que debe garantizar el Estado. La autoridad estatal debe ser un baluarte de protección y seguridad, proporcionando un entorno propicio para el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, la creciente sensación de impunidad y el desgaste de la autoridad estatal fomentan un clima de desesperanza y desconfianza en el gobierno y sus capacidades.

En este contexto, es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad en la protección de los derechos y la seguridad de sus ciudadanos. El fortalecimiento de las instituciones estatales, la implementación efectiva de medidas de seguridad y el compromiso firme para combatir el terrorismo son pasos cruciales para restaurar la confianza y la credibilidad en el gobierno. No podemos ceder ante los terroristas ni permitir que socaven los cimientos de nuestra soberanía y dignidad nacional. La lucha contra el terrorismo y la protección de los ciudadanos debe ser una prioridad inquebrantable, no solo en Colombia, sino en cualquier sociedad que se clame republicana y democrática.