La relación entre un gobierno y sus ciudadanos es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Sin embargo, cuando un gobierno se muestra indiferente ante las demandas y preocupaciones de la ciudadanía, se crea un peligroso desequilibrio que puede socavar los cimientos de la gobernabilidad. Tal es el caso de Colombia, donde recientemente más de 90.000 personas salieron a las calles para manifestar su descontento con la forma de gobierno. Lamentablemente, estas protestas fueron objeto de burla por diferentes congresistas de la bancada de Gobierno e incluso por el mismo Presidente.

En buena medida fruto de las marchas, se hundieron dos proyectos: el de la marihuana y el de la reforma laboral. Los congresistas, conscientes de las elecciones cercanas, son muy sensibles al clamor popular y rápidamente comenzaron a alinearse con el Gobierno, quien hace oídos sordos a las protestas, y su imagen negativa aumenta a más de 60% según las últimas encuestas.

Históricamente, en Colombia se ha observado una tendencia en la cual el Congreso funciona de manera más fluida y efectiva cuando el Presidente cuenta con altos niveles de popularidad. Los congresistas que se alinean ganan reconocimiento y salen favorecidos en las futuras elecciones, como ocurrió durante los gobiernos de Uribe y los primeros de Santos.

Sin embargo, cuando la popularidad del Presidente disminuye, el Congreso se convierte en un escenario más complejo y polarizado. En este contexto, los legisladores se vuelven más reacios a aprobar reformas propuestas por el ejecutivo, temiendo que el respaldo a medidas impopulares pueda afectar su propia imagen y posibilidades de reelección. Además, la asignación de cuotas burocráticas a legisladores, como una forma de favorecer a sus bases políticas o a determinados grupos de interés, también influye en el comportamiento y las decisiones de los congresistas, quienes suelen priorizar sus intereses políticos y personales por encima del bienestar general de la población.

La negativa a ceder, la falta de disposición para escuchar y buscar consensos solo contribuye a aumentar la polarización y perpetuar el estancamiento político. De seguir así, descalificando a las mayorías e imponiendo su agenda sin resultados, no habrá reformas y serán años de confrontación en las calles y el Congreso.

No ha pasado ni un año desde el inicio del Gobierno y los temores de campaña comienzan a cumplirse. El tono amenazador aumenta, los ministros no dialogan y los congresistas de gobierno se burlan, incluso cuando ellos mismos hacían críticas similares al anterior mandatario. La capacidad de escucha requiere dejar de lado el orgullo y rodearse de personas que aterricen en la realidad, no de comités de aplausos.

Las marchas multitudinarias representaron un claro llamado de atención y reflejan una creciente insatisfacción y desconfianza en las políticas y en el liderazgo del Presidente. Las demandas expresadas no eran aisladas ni insignificantes, sino que surgían de un amplio sector de la sociedad que anhela cambios y mejoras en la forma en que se les gobierna. Sus voces aun no son tomadas en serio pero la insatisfacción aumenta y ya el Congreso da las primeras campanadas de alerta.