A una semana de las elecciones, las campañas han entrado en una etapa cada vez más agresiva. Lo curioso es que la mayor virulencia no siempre viene entre orillas ideológicas opuestas, sino dentro de sectores que, en teoría, deberían estar llamados a entenderse. Las campañas de derecha de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que compiten por un lugar decisivo frente a una eventual segunda vuelta, han elevado el tono de sus ataques justo cuando más deberían pensar en el día después. Varias encuestas y análisis recientes los muestran disputándose ese espacio de oposición frente a Iván Cepeda, mientras los indecisos siguen siendo un bloque determinante.

Si uno de los dos pasa a segunda vuelta, va a necesitar al otro. Y las campañas que se destruyen en primera vuelta no se reconcilian con una foto en el comando de campaña. Los votantes también cargan resentimientos, las bases recuerdan los insultos, y la segunda vuelta -que debería ser un ejercicio de suma- termina convertida en un acto forzado de perdón electoral.

Pero este fenómeno no es solo electoral; es el síntoma de algo más profundo: la decadencia de la conversación pública en Colombia. Ya no debatimos para convencer, sino para humillar. Ya no se contradice una idea, se destruye al interlocutor. Las redes, que pudieron ser plazas, se volvieron trincheras donde cada frase se mide por su capacidad de viralizarse y reducir al otro a una caricatura.

En esa lógica, el adversario deja de ser alguien con quien se discute y pasa a ser un enemigo moral. Esto se ve en la política nacional, pero también en las mesas familiares de diciembre, en los grupos de WhatsApp que se vacían después de cada intervención en la TV, en las amistades de veinte años que ya no resisten una diferencia de opinión sobre la reforma a la salud. Colombia parece haber perdido la capacidad de disentir sin odiar.

El presidente Petro ha alimentado durante años una división entre los que están “del lado correcto de la historia” y quienes, por pensar distinto, son enemigos del pueblo, de la paz o del cambio; su tardía disculpa por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas críticas mostró hasta dónde puede degradarse el lenguaje desde el poder. El uribismo también, durante años, llamó “castrochavistas” a quienes hoy son sus aliados pragmáticos, y figuras públicas han hecho carrera convirtiendo Twitter o X en un cuartel. El gobierno grita desde el balcón, la oposición grita desde la calle, y los ciudadanos terminamos repitiendo el mismo grito por inercia. Cuando todos gritan, nadie escucha.

La democracia no se sostiene solo con elecciones; necesita también lenguaje, respeto y mínimos compartidos. Una sociedad que no puede conversar termina votando con rabia, gobernando con resentimiento y perdiendo cualquier posibilidad de construir acuerdos. El debate fuerte es necesario; la confrontación de ideas es saludable, convertir la política en una fábrica de enemigos es otra cosa.

Y lo grave es que esta decadencia tiene consecuencias prácticas. Si el candidato que pase a segunda vuelta necesita el apoyo del otro sector, encontrará una base herida. Si gobierna, tendrá medio país convencido de que no merece legitimidad. Si pierde, acusará traición, fraude o falta de garantías. Así se construyen democracias débiles: no por falta de votos, sino por exceso de odio.

A una semana de las elecciones, los candidatos deberían entender algo elemental: el tono también es una propuesta de gobierno. Quien siembra odio en campaña no puede prometer unidad después. Quien destruye puentes hoy no puede pedir que lo crucen mañana.