Una de las tantas noticias esta semana fue la modificación de la Ley de Garantías, ley que prohibía los convenios interadministrativos a los mandatarios locales cuatro meses antes de cada elección con el fin de evitar presiones políticas de cara al proceso electoral.

Desde la oposición lanzaron críticas señalando que era una invitación clara de parte del Gobierno para interferir en las elecciones del otro año; los defensores de la eliminación argumentaban que debido a la pandemia era necesaria una reactivación económica en la cual se le facilitara al gobierno central inyectar recursos a los gobiernos territoriales.

Otras voces, como la de Fedesarrollo, no vieron con buenos ojos esta eliminación justo antes de una contienda electoral. Pudiendo ser válidos los argumentos del Gobierno, resulta sospechosa la eliminación a meses de elecciones y a pesar de la buena intención, el mensaje a la población no es positivo.

Colombia, según el último informe de The World Justice Program, aparece en el puesto 64 de 100 entre los países con ausencia de corrupción, superado en Latinoamérica por Venezuela, Perú y Bolivia.

Este deshonroso lugar es fruto, según el mismo informe, del poco apego a la ley, la ausencia de seguridad y la falta de justicia civil en donde pocos casos se resuelven.

La siguiente campaña según las últimas encuestas estará marcada por el tema de corrupción; las personas están cansadas de las instituciones y de los sonados escándalos que se presentan todos los años, más cuando la justicia no logra resolver la mayoría de ellos; por ello eliminar la Ley de Garantías le da una excusa adicional a los discursos populistas que poco a poco van mellando las intenciones del electorado.

No es la primera vez que al Gobierno le hace falta cálculo político; a estas alturas la conclusión es que simplemente no le importa. La lucha contra la corrupción debe ser un tema obligatorio en el próximo gobierno, acompañado por una reforma a la justicia.

Dicha batalla debe pasar por la enseñanza ética en todos los niveles educativos, herramientas para la investigación y la sanción patrimonial (en Singapur los condenados por corrupción pierden incluso su derecho a pensión), la efectiva judicialización de las cabezas y la condena de quienes fueron encontrados culpables. No tiene presentación que bandidos como Tapias estén de nuevo robando recursos públicos.

En Colombia no han funcionado los distintos controles en materia de contratación y asignación de recursos; de cualquier manera, el colombiano saca provecho para sí.

Finalmente, el problema es humano y por más regulaciones que se establezcan este factor es inevitable. Según Michael Sandel una niñez formada con principios éticos durará una generación en cambiar sus problemas de corrupción; parece lejano, pero hay que comenzar, pues el peligro es que este problema se convierta en una bandera populista frente a la cual el regreso siempre es largo y doloroso.