Ha causado revuelo en las últimas semanas la recolección de firmas para la derogación de la JEP y otras reformas a la justicia; la liberación de Santrich causó indignación generalizada en la población y aprovechando dicha coyuntura se arrancó con este polémico proyecto.

Los referendos en Colombia tienen una corta historia después de la constitución de 1991. Álvaro Uribe como presidente intentó convocar al pueblo para hacer unas reformas estructurales, pero no pasó ninguno de sus artículos y fracasó. Según la Registraduría y la ley “El referendo puede ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la aprobación de una norma, como su derogatoria total o parcial. El referendo constitucional debe tener un número de apoyos equivalente a 5% del censo electoral. El referendo que busca derogar una ley debe tener un número de apoyos equivalente a 10% del censo electoral.” El texto que sea sometido a votación deberá ser aprobado por Senado y Cámara y tendrá revisión de la Corte Constitucional.

Como se ve es una proeza recoger las firmas y dar todo ese trámite administrativo. La consulta anticorrupción surtió todo ese proceso y no pasó por un pequeño margen. Lograr dar umbral requiere una verdadera unión de gran parte de los colombianos. Siendo así ¿Por qué tanta oposición al proyecto? Resulta curioso que los llamados demócratas o liberales ataquen con tanto ahínco el texto; la sola posibilidad de convocarlo es para algunos someter a la ignorancia de las mayorías una reforma al país; algunos periodistas llegaron a comparar esta posibilidad con los nazis o la segregación racial; pareciera que el voto de las mayorías solo es correcto cuando se trata de un tema que les gusta.

La pasada presidencia prometió siempre respetar la voluntad popular en torno al proceso de paz, y perdió el referendo; aun así, sin vergüenza alguna, aprobaron vía Congreso el acuerdo; de nada sirvió la voluntad popular de los colombianos. Un referendo es una de las mayores expresiones de la democracia directa y debería ser un mecanismo más simple. En Estados Unidos se vota por iniciativas que no contradigan la constitución y un puñado de ciudadanos con firmas inscribe la propuesta y el día de elecciones se decide; ello conduce a que las personas se involucren activamente en las decisiones de gobierno y ellas mismas hagan campaña frente a los hechos que las gobiernan. Eso es la democracia y hasta el momento bajo ella nos ceñimos; entonces resultan infundados los miedos que alegan tantos “demócratas” convenientes.

El inconformismo por lo ocurrido con la JEP y la Justicia no versa solo sobre las injusticias que se ven a diario; pasa también por el tema económico; los más de $300.000 millones que cuesta el primer tribunal bien podría estarse invirtiendo en reparar a las víctimas y no en curules de victimarios o procesos kafkianos que no tienen fin. Preguntémosle a la gente qué quiere, finalmente los ciudadanos son los que asumen las consecuencias.