La promesa de la “paz total” ha sido uno de los pilares discursivos del actual gobierno en Colombia, una consigna que despertó esperanza en sectores cansados de décadas de violencia. Sin embargo, al analizar los avances de esta iniciativa, lo que queda claro es que más que una estrategia integral de pacificación, la paz total se ha convertido en un recurso retórico que está siendo aprovechado por los grupos armados al margen de la ley para fortalecerse.

Colombia alcanzó en 2023 un récord histórico en cultivos de coca: más de 230.000 hectáreas, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Esto representa un crecimiento de casi 13% en comparación con el año anterior, esto refleja la falta de control estatal en las regiones donde la economía ilegal ha desplazado cualquier intento de alternativas productivas legales.

Este crecimiento no solo alimenta el narcotráfico internacional, sino que fortalece a grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, quienes encuentran en esta bonanza cocalera los recursos para expandir su influencia, reclutar más combatientes y adquirir armamento sofisticado. Según cifras oficiales, el ELN pasó de unos 2.500 miembros armados en 2018 a más de 5.000 en 2024, mientras siguen en sus conversaciones interminables sobre la paz.

Uno de los aspectos más cuestionables de dicha política pública es el nombramiento de gestores entre reconocidos criminales y líderes de grupos paramilitares o guerrilleros. Figuras condenadas por delitos de lesa humanidad y con prontuarios abrumadores han recibido esta investidura, enviando un mensaje contradictorio a la ciudadanía. La designación de estos personajes como supuestos facilitadores de diálogo no solo revictimiza a las comunidades que sufrieron sus crímenes, sino que legitima sus acciones pasadas. Este pésimo ejemplo también incentiva a otros actores armados a aumentar sus niveles de violencia para presionar al gobierno en busca de beneficios similares. En lugar de debilitar a los grupos ilegales, esta estrategia ha generado un incentivo perverso: ser más violento puede resultar en privilegios otorgados por el mismo Estado.

La “paz total” ignora el problema estructural del conflicto armado en Colombia: la economía de la droga. Mientras el narcotráfico siga siendo el motor financiero de los grupos armados, ninguna negociación será realmente efectiva. El kilo de cocaína colombiano sigue siendo el más rentable del mercado global, y este lucrativo negocio hace que cualquier oferta del Estado para la desmovilización de estos grupos sea insignificante; Sin alternativas económicas reales para las comunidades cocaleras y sin un esfuerzo serio por frenar el flujo de insumos químicos y rutas de exportación, la paz será siempre un espejismo.

La retórica vacía de la paz total debe ser reemplazada por acciones concretas que desmantelen las estructuras económicas de la guerra; no se puede construir la paz mientras los bolsillos de los grupos armados sigan llenos gracias al negocio de la droga; el Estado debe priorizar el control de las fuentes de financiación de estos grupos antes de ofrecerles cualquier incentivo para negociar. Esto implica políticas integrales que combinan alternativas económicas para las regiones cocaleras, fortalecimiento de la seguridad en las zonas de cultivo y una estrategia internacional que ataca las redes del narcotráfico en su conjunto. Cuando el negocio de la droga deje de ser lucrativo, Colombia podrá avanzar hacia una paz real y sostenible.