En julio de 2026, el desempleo en Colombia se ubicó en 8,1%, la tasa más baja para ese mes desde 2001. Frente a 8,8% del año anterior, la reducción de 0,7 puntos no es cosmética: cerca de 578.000 personas más tienen algo que hacer entre lunes y viernes, trayendo sustento a su hogar.

Sin embargo, debajo de esta buena noticia, el Dane informó que 54,5% de la población ocupada trabaja sin cotizar a salud ni a pensión: uno de cada dos colombianos ocupados. En las cabeceras urbanas la cifra baja a 40,5%; en el rural disperso sube a 82,5%. Y de los 650.000 empleos generados en el último año, 457.000 -siete de cada diez- fueron por cuenta propia. Es decir, la reducción del desempleo se está montando en buena medida sobre el crecimiento del rebusque.

Ahí están el vendedor de tinto de la carrera séptima que madruga a las cinco, la cuidadora de una abuela ajena que cumple tres turnos en tres casas distintas, el domiciliario de Rappi que pedalea diez horas sin más protección que el casco que él mismo se compró. Estadísticamente, los tres están ocupados. Económicamente, siguen expuestos a que una gripa los deje sin ingreso y la vejez sin pensión. La metodología del Dane, ajustada a los estándares internacionales de la OIT, mide quién trabajó al menos una hora remunerada en la semana de referencia.

En otro reporte, el Dane señaló que en 2025 la pobreza monetaria en Colombia fue de 28%: 14,4 millones de personas. La línea nacional quedó en $482.041 mensuales por persona. Para un hogar de cuatro en las trece ciudades más grandes, la línea sube a $2,37 millones. El salario mínimo vigente, decretado unilateralmente por el gobierno saliente con un alza histórica de 23,78%, es de $2 millones incluyendo el auxilio de transporte. La cuenta es sencilla: una familia bogotana de cuatro cuyo único ingreso sea un salario mínimo formal se ubica, por definición, bajo la línea de pobreza.

Ese aumento de 23,78%, presentado como el “gran triunfo” del gobierno Petro, ha tenido efectos que sus defensores prefieren no mirar. Fenalco reportó que 22% de las empresas encuestadas redujeron personal, 25% automatizaron procesos y 23% trasladaron el costo a los precios. En las trece ciudades principales, donde se concentra el empleo formal, la desocupación desestacionalizada subió de 8,1% a 9,0% entre diciembre y marzo.

En 2026, según cálculos del profesor Germán Machado, de la Universidad de los Andes, se han perdido 6.589 empleos en empresas formales cada día. Subir el mínimo por decreto sin ganar productividad no reduce la pobreza: la cambia de columna. Saca a algunos de la informalidad y empuja a otros hacia ella.

La respuesta seria a este país partido en dos -el país cotizante y el país del rebusque- no es prohibir la informalidad ni fingir que no existe. Es diseñar una protección social que acompañe al trabajador, no al empleo.

Que quien maneja Uber cuatro horas y cuida un adulto mayor otras seis pueda cotizar por hora, por plataforma, por proyecto; que las semanas y los aportes se sumen sin importar quién le pagó; que perder un contrato no equivalga a perder la salud. Es reforma técnica, sí, y aburrida. Pero es la única que le habla a ese 54,5%.

Ese 8,1% es una buena noticia. Merece reconocimiento, no triunfalismo. Colombia está llena de gente que madruga, trabaja durante horas y regresa a su casa pobre. No les falta disciplina ni voluntad, les falta un sistema que reconozca su esfuerzo cuando el esfuerzo no cabe en la casilla de un contrato indefinido. El verdadero éxito no será que más colombianos encuentren algo que hacer, será que su trabajo, cualquiera sea su forma, deje de condenarlos a sobrevivir.