Con bastante tristeza el país observó el rearme de varios integrantes de la cúpula de las Farc, la burla a las instituciones y sobre todo a la buena fe de la gente; llenó de incertidumbre un proceso de paz que nació cojo, pero a las malas fue sacado adelante.

La victoria del NO en el plebiscito debió bastar para que las negociaciones con los terroristas dieran un viraje sano, pero los egos personales y los acuerdos que desconocemos, produjeron que cada punto fuera pasado vía legislativa sin respetar tiempos, gracias a inventos como el “fast track legislativo”; de igual forma el papel de las víctimas fue representado por los victimarios y hoy en el Congreso están sin haber reparado, pedido perdón y entregado las rutas del narcotráfico.

Con todo ese panorama no se extraña que aparecieran meses después los cabecillas de siempre retomando una lucha armada. Su oxígeno, que es el narcotráfico, siguió pululando, pues nunca se atacó de frente el problema y por ello un rearme resulta sencillo; el dinero se acumuló a raudales y las rutas de sus ilícitos continúan, con el agravante de que cada vez el gobierno no cuenta con las herramientas de otrora. ¿Quién es el culpable del fracaso del proceso? Muchos apuntan al expresidente Uribe, su mayor crítico y al actual mandatario.

Pero resulta injusto acusarlos, pues cada uno es responsable de su conducta, más cuando la vara que juzgaba a los terroristas fue bastante laxa. Finalmente, el país abrió sus puertas a cambio de nada, pues el narcotráfico siguió creciendo y los combates cesaron básicamente porque ya no se les perseguía.

Culpar a la anterior presidencia que con buena o mala fe sacó un proceso, ya no tiene sentido; la culpa recae exclusivamente en los terroristas que se burlaron de la buena fe de todos y ahora, más ricos que nunca, quieren imponer nuevas condiciones. El país lleva gastados más de $130.000 millones según informe del Fondo de programas para la paz, en un proceso que pagamos los colombianos y algunos países extranjeros y cuya estructura todavía sigue estando dentro del presupuesto nacional a través de la JEP y varios programas de reinserción, sin contar las prerrogativas de los “nuevos congresistas”.

En este proceso lo realmente fácil es encontrar perdedores: lo es el país entero, la violencia seguramente volverá, la inversión se verá amenazada y de nuevo el Estado tendrá que enfrentar a los terroristas, pero con una gran preocupación: en este momento, a diferencia del pasado, los colombianos no están de acuerdo en el enemigo y son muchos los que señalan distintos culpables, obnubilados por un país distinto en el que crecieron y sobre todo por tanta irresponsabilidad de líderes que acusan orillas distintas con el único propósito de tener réditos políticos; hoy los colombianos no estamos de acuerdo ni en combatir el terrorismo, en un momento que se necesita toda la cohesión para combatir esta nueva amenaza.