El Congreso acaba de aprobar el monto de $635 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027. Sin embargo, el debate sobre la priorización del gasto se dará en un contexto de aguda estrechez fiscal y alto servicio de la deuda. Esto amenaza con limitar aún más las inversiones en ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Si eso ocurre, seguiremos manteniendo las mediocres cifras de 0,3% del PIB en investigación y desarrollo (I+D) y de solo 1% del PIB en CTI, muy inferiores al promedio de los países de la Ocde.

En ese escenario, la respuesta de política pública no puede ser la parálisis de la I+D, y menos aún en un mundo mediado por la tecnología y el conocimiento, lo que nos obliga a rediseñar los instrumentos y a apalancar al sector privado como el gran aliado del desarrollo y la innovación.

No somos los únicos en la región; Chile, por ejemplo, está buscando cómo responder a las disminuciones constantes en el presupuesto para la I+D. Según expertos de ese país, cuando los aportes directos del Estado chocan con la realidad fiscal, la clave está en detonar la inversión privada mediante mecanismos indirectos complementarios.

En Colombia contamos con tres grandes herramientas que, si se optimizan a la luz de las rigurosas evaluaciones de impacto existentes, pueden cambiar la situación y ponernos en la senda del crecimiento con conocimiento.

La primera oportunidad es ampliar y corregir el incentivo tributario a la I+D. Las evaluaciones recientes del DNP y los análisis históricos de Fedesarrollo revelan una falla del instrumento: cerca de 80% de los recursos termina subsidiando innovaciones incrementales de grandes empresas (proyectos que probablemente se habrían ejecutado de todos modos).

Esto genera un efecto de desplazamiento y excluye a las pequeñas y medianas compañías que, paradójicamente, son las que reportan las mayores restricciones financieras para invertir.

Para que el incentivo funcione, debemos transitar de un esquema de deducciones a uno de créditos fiscales y reorientar estrictamente los recursos hacia el desarrollo tecnológico temprano, con préstamos que se enfoquen en las pymes de sectores con potencial innovador.

La segunda vía estratégica es la compra pública de innovación. El Estado colombiano es el mayor comprador del país.

Si logramos orientar apenas una fracción de ese enorme presupuesto de adquisiciones no a bienes estándar, sino a demandar soluciones tecnológicas nuevas para necesidades públicas complejas, abriríamos un mercado a las empresas locales.

Como señala José Miguel Benavente, exdirector de Corfo en Chile, esto permite fomentar la innovación privada sin aumentar el gasto directo; es, sencillamente, destinar con un propósito productivo lo que ya está en el presupuesto.

El tercer pilar es la banca de desarrollo y los instrumentos financieros contingentes. Las evaluaciones de impacto sobre el ecosistema colombiano, como las realizadas por Gustavo Crespi y Marcela Meléndez, demuestran que cuando los incentivos públicos (créditos contingentes, garantías o fondos de contrapartida) se estructuran de manera adecuada y exigen metas estrictas de I+D, logran generar aumentos sostenidos en la productividad de las empresas.

Utilizar nuestra banca de desarrollo para mitigar riesgos, como escalar una tecnología no probada en el mercado local, que la banca comercial tradicional evita financiar, es el mecanismo ideal para atraer y multiplicar los recursos privados hacia la transformación productiva del país, sin que el Estado asuma todo el costo fiscal.

Ninguna de estas herramientas exime al Estado de su responsabilidad de financiar la ciencia básica, piedra angular de todo el ecosistema. Sin embargo, en un escenario de caja apretada, necesitamos una política pública innovadora.

Afinar los beneficios tributarios, activar el poder de las compras estatales y apalancar el riesgo mediante la banca de desarrollo nos permitirá atraer inversiones para alcanzar el sendero anhelado. El reto de hoy es diseñar los incentivos adecuados para que, junto con el sector privado, la innovación impulse el crecimiento de Colombia.