Los servicios públicos domiciliarios en Colombia han tenido una evolución muy interesante a lo largo de la historia. En la época colonial de nuestro territorio la existencia de los primeros centros poblados llevó a la construcción de los primeros canales de agua de los ríos hacia las plazas principales de cada pueblo o ciudad, desde donde los ciudadanos tenían que hacer importantes filas para recoger el agua de la pila en jarrones de barro para llevar a sus casas el tan preciado líquido.

De acuerdo con el trabajo de Samuel Jaramillo e información del Banco de la República, quizás uno de los acueductos más antiguos del que se tiene memoria, se remonta a la ciudad de Bogotá de 1584: el acueducto de Los Laureles, el cual, desviaba el cauce del río San Agustín mediante canales hechos en cal, ladrillo y piedra y su terminación era la fuente que se encontraba en el centro de la plaza de Santa Fé de Bogotá, donde se erigía en su parte superior una estatua de Juan el Bautista, más conocida como el “Mono de la Pila”. Por supuesto, la innovación durante esos años en estos menesteres no fue precisamente el común denominador y hasta ya corrida buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, a través del Acuerdo del 10 de febrero de 1872 de la ciudad capital, se daba aval al mal manejo de residuos: “Nadie podrá arrojar en las calles, caños, plazas, caminos públicos del distrito, basuras, restos de materiales de construcción, animales muertos, ni en general ninguna clase de inmundicias, excepto en los lugares expresados en este acuerdo, ni nadie podrá satisfacer las necesidades naturales en las calles, sino en los comunes públicos; no obstante, se permite a las personas que no puedan tenerlos en su habitación que, de las once de la noche para adelante hasta las cuatro de la mañana, arrojen en los caños de agua corriente y los ríos o en los comunes, las materias excrementicias”. Esto daba alguna idea de la precaria situación de salubridad pública y los enormes riesgos de fácil proliferación de epidemias a causa de esta falta de infraestructura. En materia de cobertura, iniciando el siglo XIX Bogotá contaba con más de 25.000 personas y tan solo con 20 pilas de agua.

En general, la autoridad de cada municipio otorgaba concesiones que indicaban el monto de agua que podían extraer y como contraprestación se establecía la construcción de una pila y el mantenimiento de las instalaciones, un mecanismo que no dista mucho de las iniciativas privadas en nuestros hoy famosos APPs.

Años después iniciativas privadas permitieron hacer posible los primeros acueductos hechos con tubería de hierro galvanizada en 1886 en Bogotá y en 1905 en Medellín y Cartagena. De nuevo, para citar alguna cifra, ya en 1897 el acueducto de Bogotá contaba con 2.800 acometidas domiciliarias lo equivalente a apenas 20,5% de cobertura a nivel de hogares en la ciudad.

En cuanto alumbrado público, el primer sistema de alumbrado de la ciudad de Bogotá se instala utilizando gas extraído de la hulla mineral, como una iniciativa privada siguiendo los mejores modelos europeos existentes desde hacía varios años en sus principales ciudades. En 1890 se establecen los primeros sistemas de alumbrado utilizando la energía eléctrica, a partir de las primeras termoeléctricas existentes, pese a los altos precios del carbón de la época y las primeras hidroeléctricas, también construidas por iniciativas privadas: The Bogotá Electric Co. La Compañía Anónima Eléctrica de Bucaramanga por tan solo citar algunos ejemplos. En plena década del siglo XX se constituye una empresa de economía mixta y se da origen a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá resultante de la fusión entre la empresa Samper Brush y la Nacional de Electricidad.

Todo lo anterior, evoluciona durante el siglo XX, estatizando la prestación de los servicios públicos en buena parte del territorio nacional y solo hasta la Constitución de 1991, y con la expedición de la Ley 142 de 1994, se define expresamente una regulación específica aplicable a la categoría de servicios públicos domiciliarios en Colombia, lo que ha permitido en los últimos 30 años avances muy importantes en materia de cobertura y sin desconocer, sin duda, los importantes retos de mejora en materia de calidad en la prestación de algunos de esos servicios que aún están en la agenda.

A la fecha se tienen datos de niveles de cobertura del servicio de gas domiciliario en los hogares colombianos de 80%, 90% del servicio de agua y alcantarillado y 97% en energía eléctrica. Sin duda alguna, cifras aún susceptibles de mejora, pero datos importantes si se contrasta con la inercia y avance nulo en materia de cobertura de los siglos XVII a XIX. Todo ello a propósito del anuncio reciente del Gobierno Nacional de avanzar en una posible reforma a la Ley 142 ya citada en esta columna. Entender que la iniciativa privada a través de la historia ha generado avances en el desarrollo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios sin perder de vista los preceptos constitucionales que nos permiten concebir una economía social de mercado con competencia en y por los mercados, serán puntos de partida de la conversación sobre una posible reforma.