Colusión en Contratación Pública: grandes desafíos

Las compras públicas dentro de los países de la Ocde representan alrededor del 15% del PIB de cada uno de sus miembros. Esto implica reconocer que el Estado es el más grande consumidor de bienes y servicios que existe en cada jurisdicción. Este hecho cobra un especial sentido cuando se entiende que el garante para la provisión de servicios y bienes públicos indispensables para el bienestar de la población es el Estado.

Hago especial mención a servicios de salud, educación infraestructura física y digital, así como también seguridad, por tan solo citar algunos sectores de nuestra economía, los cuales son ejemplos en los que el Estado está presente de forma directa o indirecta con decisiones de gasto, en muchos casos concurriendo de forma concomitante con el sector privado para garantizar un ecosistema mínimo en el que los ciudadanos y ciudadanas de un país puedan interactuar y avanzar en cada una de sus actividades.

No obstante, no todo es positivo en materia del funcionamiento de esta maquinaria estatal. Uno de los grandes flagelos que enfrentamos hoy cuando se trata de analizar los insumos necesarios para que la señalada operación estatal, es la colusión en los procesos de compras públicas.

Varios estudios que se han realizado desde la academia advierten que este fenómeno de colusión, que se traduce justamente como concertación entre competidores por llegar al Estado para proveer sus necesidades de compra, hacen que la adquisición de bienes o servicios que se realiza puede presentar importantes distorsiones, al punto que incluso varios estudios académicos al respecto, como los de Connor y Lande (2008) han llegado a estimar que podrían traducirse en sobre precios entre 30% y 60% por encima del valor que en un escenario con competencia podría lograrse, en detrimento del interés de todos los ciudadanos.

Este flagelo de colusión en compras públicas se traduce en costos más altos para el funcionamiento del Estado y en algunas ocasiones menores niveles de calidad en los servicios o productos adquiridos, lo que dificulta de manera ostensible las posibilidades de cumplir una promesa de valor frente a la ciudadanía: proveer adecuadamente servicios e infraestructura de calidad que estimule actividad privada.

Recientemente el Comité de Competencia de la OCDE ha actualizado la guía diseñada pedagógicamente para que las autoridades de competencia en el mundo reconozcan lo sensible que representa la colusión en contratación pública y a la par identificar los factores que pueden facilitar este tipo de escenarios: pocos proponentes, lo que significa un mercado concentrado, simetría de participantes en el mercado, altas barreras de entrada y ausencia de posibilidades para innovar. Por su parte factores que desde la demanda podrían facilitar la materialización de la colusión podrían listarse aspectos relacionados con la perfecta predictibilidad del proceso de la licitación, el carácter estacional de la contratación y aquellos procesos que tengan únicamente en consideración el precio unitario de cada uno de los bienes o servicios a adquirir.

En ese sentido, es recurrente encontrar ofertas encubiertas, supresión de ofertas, carruseles de contratación y asignación o reparto de procesos de compra todas ellas estrategias tendientes a defraudar al Estado y por supuesto a afectar la libre competencia, derecho de interés colectivo que al ser restringido impide la eficiencia en los procesos de contratación.

Por ello, el desafío que se propone en la región es incidir positivamente en la calidad de las bases de datos de la contratación, la información y la historia de los procesos que se realizan serán fundamentales para lograr detectar este tipo de prácticas anticompetitivas que tanto afectan a nuestras economías. Pero igualmente importante el esfuerzo pedagógico que se requiere hacer desde la academia, y bajo la batuta de las autoridades de competencia se hace fundamental. Se necesita aunar esfuerzos para articular a las agencias encargadas de la contratación pública con aquellas que velan por la defensa de la libre competencia y seguir apoyando los esfuerzos de cooperación internacional tendientes a propiciar la adopción de las mejores prácticas e instrumentos que permitan avanzar de manera efectiva en la lucha contra la colusión pública.

Si bien la disuasión que pueda lograrse a través del fortalecimiento permanente de las capacidades de la autoridad de competencia de cada país resulta fundamental, también lo es la manera como se piensen los diseños de pliegos y condiciones de la contratación pública de cada cosa que se pretende adquirir. En este punto economistas, abogados y en general profesionales de muchas disciplinas tenemos elementos que aportar para mejorar estructuralmente el statu quo y garantizar que los sobre precios que se pagan puedan ser recursos para ejecutar de forma más eficiente. Al fin y al cabo, son nuestros impuestos.

En esta época de debates, a propósito del futuro del país y de la configuración de agenda de gobierno y de los legisladores deberían ser bienvenidos las discusiones sobre el fortalecimiento de la política de competencia de cara a la lucha contra la colusión.