Recientemente el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, avanzaron en la premiación de la tercera versión del Concurso de Mejora Regulatoria, un loable esfuerzo para motivar y reconocer el esfuerzo que diferentes funcionarios y colaboradores del sector público, así como aliados estratégicos del sector privado, realizan día tras día con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos a partir de regulación que sea necesaria, apropiada y técnicamente concebida. Esto a efectos de minimizar la materialización de efectos adversos sobre el buen funcionamiento de los mercados, los sectores y las industrias del país.

Más allá de felicitar a los ganadores de esta versión por su interés y riguroso trabajo técnico, resulta especialmente relevante aprovechar este meritorio esfuerzo para reconocer las oportunidades de mejora que aún tenemos en el país a efectos de lograr una regulación cada vez más acorde y en línea con las necesidades del mercado.

El 2 de octubre de 2014 fue proferido el Documento Conpes 3816, una hoja de ruta que en su momento se concibió como el eje central a efectos de optimizar el ciclo de gobernanza regulatoria y evitar, no solamente el exceso de regulación, sino aquellos instrumentos regulatorios que son concebidos para mitigar una coyuntura específica en el corto plazo sin contemplar las implicaciones que se derivan de su implementación de cara a la sostenibilidad y dinámica misma de los mercados.

En su momento el documento señalado destacó al menos cinco instrumentos claves para adelantar una política de mejora normativa: (i) la implementación de un adecuado análisis de impacto normativo (AIN) antes de proferir cada instrumento; (ii) la adopción de instrumentos de evaluación ex post, esto es, una vez la regulación ha sido expedida; (iii) la simplificación administrativa, esto es el esfuerzo del Estado para eliminar normas ambiguas, contradictorias u obsoletas; (iv) la transparencia normativa, en donde se reconoce como un elemento fundamental la comunicación y consulta pública de los proyectos regulatorios a expedir y (v) la adopción de mecanismos capaces de controlar el inventario normativo, abriendo así un importante debate sobre los mecanismos de derogación normativa, un tema particularmente pertinente en el contexto colombiano.

Lo que llama la atención poderosamente es que el diagnóstico que se hizo una década atrás sobre el problema regulatorio, aún sigue estando vigente: “bajos niveles de confianza, efectividad, transparencia y calidad en la producción normativa de la Rama Ejecutiva colombiana que afectan la calidad del país”.

De esta manera, normas poco claras o contradictorias, ausencia de análisis que determinen el impacto social, económico e incluso ambiental de las disposiciones regulatorias a implementar, débil difusión de los mecanismos de consulta pública, son tan solo algunos de los efectos plasmados en el documento Conpes que se derivan del problema central.

Si bien hoy se observan avances significativos en algunas comisiones de regulación del país, frente a la adopción de prácticas y métodos cada vez más consistentes a la hora de evaluar previamente los diferentes proyectos regulatorios, la tarea en este frente apenas comienza. La razón es sencilla: buena parte de la regulación que permea a los ciudadanos no viene solamente de las comisiones de regulación. Las más de 1.100 alcaldías del país, gobernaciones en Colombia, multiplicado por el número de secretarías y oficinas adscritas a los gobiernos locales, están permanentemente produciendo regulaciones que inciden directamente y en el corto plazo sobre la vida de quienes habitamos el territorio.

Siguen siendo escasas, aunque loables, las iniciativas de innovar en la gobernanza pública desde el territorio, con mejor regulación, que se encuentre sustentada en evidencia y que permita encontrar soluciones a problemas o fallos de mercado en el largo plazo con instrumentos que sean los que, socialmente hablando, sean costo - eficientes.

Nos enfrentamos en Colombia a un relevo en las administraciones locales fruto de un valioso ejercicio democrático. Que bueno sería aprovechar esta oportunidad para seguir implementando en el país mejores prácticas regulatorias que optimicen la producción normativa en a nivel nacional y subnacional. Los costos de mala regulación, puede ser igual o más funesto, que prácticas ilegales de quienes participan en los mercados. Optar por elevar los estándares de calidad de la regulación no solo es un capricho de quien escribe esta columna, es sin lugar a dudas, una muy buena práctica que desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - Ocde, se ha venido advirtiendo de manera reitera desde 2008.

Si queremos incrementar la productividad y la competitividad a partir de la generación de confianza, como hoy lo señala el Consejo Privado de Competitividad, es hora de fortalecer la confianza en nuestras instituciones regulatorias, un asunto en el que, desde luego, la academia debe jugar un papel fundamental para que ojalá, en los siguientes 10 años, podamos reconocer avances más importantes de los buenos deseos plasmados en el Conpes 3816.