Del Consenso de Washington al Consenso de Londres

En 1989, en medio de una década turbulenta y difícil en términos de gobernabilidad para América Latina, John Williamson formularía un decálogo de recomendaciones que se conocerían como el “Consenso de Washington”, término que se ha utilizado en términos genéricos cuando se trata de ideas fundamentalistas de mercado.

Sus recomendaciones, todas tendientes a buscar estabilidad macroeconómica en la región, apuntarían a varios frentes como la disciplina fiscal, priorización en gasto en educación, salud e infraestructura, tributación con tasas marginales moderadas, pero con una base mayor, tasas de interés resultantes del libre juego del mercado, liberalización del comercio y de la inversión extranjera directa, desregulación que impidiera el acceso a los mercados y estímulo a la libre competencia y certidumbre jurídica sobre los derechos de propiedad.

Este consenso generaría una agenda para la banca multilateral como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los recursos que serían provistos para salir de la crisis estarían supeditados a un proceso de implementación de la referida agenda. Si bien el consenso habría sido inicialmente celebrado por Joseph Stiglitz señalando que “las políticas del consenso de Washington fueron diseñadas en respuestas muy reales a América Latina y tenía sentido aplicarlas”, sería con posterioridad uno de los principales críticos en la manera como pasamos de la teoría a la práctica en la región.

La crisis del tequila en México a mediados de la década de los años 90 sería un episodio que para América Latina iniciaría a revisar el impacto en la manera como fue implementado el señalado consenso y varias voces de economistas de todo el mundo terminarían criticando con severidad, no el consenso, sino su implementación práctica. Estados significativamente incipientes sin capacidad de proveer bienes públicos, liberalización absoluta de la cuenta de capitales, créditos otorgados para sortear las crisis con muy cortos plazos de pago y elevadas tasas de interés, terminaron por debilitar fundamentales de las economías y llegadas las crisis financieras, los impactos institucionales terminarían por diezmar, económicamente hablando, a muchos países.

Pese que el mismo John Williamson resaltaría ya entrado el sigo XXI que el problema fue la incompletitud y discontinuidad de implementación de las recomendaciones del referido consenso, el no haber previsto las crisis venideras y la falta de visión en la focalización de esfuerzos para mejorar indicadores sociales y cerrar brechas, lo cierto es que aún hoy referirse al señalado consenso no deja de ser un tema que invita a la controversia.

En ese punto, es de aplaudir un reciente esfuerzo realizado por más de 50 expertos economistas mundiales incluyendo al nobel Philippe Aghion, quienes recientemente, bajo el liderazgo de Andrés Velasco, hoy decano de la Escuela de Políticas Públicas de LSE y exministro de Hacienda de Chile; Tim Besley, profesor de Economía de la misma institución; e Irene Bucelli, coordinadora del programa Beveridge 2.0 también de LSE, se lanzaron a la aventura de redefinir un nuevo set de recomendaciones: el Consenso de Londres.

En su libro los autores exponen una nueva visión en plena mitad de la segunda década del siglo XXI sobre lo que debería ser una versión refrescada de un consenso económico. Por supuesto, un reconocimiento al libre mercado como mecanismo de asignación eficiente de recursos, pero sin perder de vista las necesidades humanas que motivan su concepción. Puntos cruciales en este aspecto el desafío de reducir desigualdades y enfrentar de manera seria y rigurosa políticas de largo plazo que mitiguen el cambio climático, entre otros desafíos.

Pero el cambio climático es apenas uno de los muchos desafíos. Las pandemias, desigualdades sociales, el impacto desigual y heterogéneo de la revolución tecnológica entre el sur y el norte global, y la IA, la fragmentación de la economía mundial y lo que es más preocupante, una creciente ola de populismo y polarización política que ha afectado profundamente a la democracia liberal en muchos países.

En este nuevo contexto, los líderes y formuladores de políticas de nuestros países necesitan orientación y principios que les ayuden a elegir entre alternativas políticas. Para ello, los editores mencionados de esta titánica obra capturaron las visiones de varios economistas y expertos en políticas del mundo en la London School of Economics and Political Science, LSE. El Consenso de Londres: Principios Económicos para el Siglo XXI es el resultado de estos intercambios.

La obra no tiene como fin último ser un conjunto universal de soluciones económicas. Es un ejercicio que busca recopilar evidencia e ideas disponibles para fomentar el diálogo y, en última instancia, desarrollar un conjunto de principios que puedan abordar las urgentes tareas políticas, sociales y económicas que tenemos por delante.

De acuerdo a una reciente entrevista realizada a Andrés Velasco por Bloomberg, cinco son los principios clave: (i) la gente quiere sentirse respetada y tenida en cuenta en comunidad y para ello el Estado como proveedor de bienes públicos que atienda sus necesidades es fundamental. (ii) el crecimiento económico no puede ser un abstracto, debe priorizarse la manera como se logra de manera sostenida y de largo plazo. La visión dinámica del crecimiento económico es vital para lograr definir una agenda adecuada a cada país. (iii) las políticas económicas deben estar diseñadas para reducir la volatilidad e incertidumbre creada no solo por inestabilidad macroeconómica sino por diferentes shocks que hemos tenido oportunidad de ver en las últimas tres décadas y media luego de la promulgación del Consenso de Washington. El mercado y la política fiscal son decisivas (iv) la legitimidad y durabilidad de las políticas públicas son fundamentales para el desarrollo de nuestras economías. Por ello la fortaleza de nuestras instituciones y la capacidad de gobernabilidad son fundamentales. (v) Finalmente se requiere concebir un estado eficaz, capaz de proveer los bienes públicos que se requieren: infraestructura vial, digital y ecosistemas capaces de estimular la innovación y el desarrollo.

Sin duda una propuesta muy oportuna que nos lleva a América Latina y a Colombia en un momento crítico para nuestra economía, pero a su vez muy pertinente cuando se trata de definir una agenda económica para los próximos gobiernos.