Recientemente el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Transporte anunció a los colombianos que las obras de infraestructura del país deberían ser sufragadas, en parte, por los impuestos de valorización que los propietarios de las tierras que se vieran beneficiadas con los desarrollos de estos proyectos deberían pagar.

El anuncio, más allá de ser una medida en principio bien intencionada y un anhelo que en el largo plazo, podría resultar atractivo como mecanismo de financiamiento, especialmente para el bolsillo de los colombianos que transitan permanentemente por las vías del país pagando los importantes montos de recursos en los 148 peajes presentes en el territorio, pareciera desconocer una dura y cruda realidad que podría sintetizarse en dos aspectos principales: (i) en Colombia no existe una información catastral lo suficientemente actualizada que permita dar cuenta del valor de las tierras que circundan los proyectos viales que se pretenden desarrollar y (ii) el anuncio podría resultar desafortunado como señal que se envía a los agentes interesados en participar en los procesos de infraestructura 5G que están aún en proceso de definición.

Recordaba que, a finales de 2022, el mismo director del Igac en ese entonces, Gustavo Marulanda, reconocía que la actualización del catastro iba en 9,4% del territorio con cerca de 10,7 millones de hectáreas de las 114 millones pendientes, mayoritariamente concentradas en ciudades y no justamente en la ruralidad donde se espera estén en funcionamiento los principales proyectos de infraestructura del país y desde donde tendría sentido abrir el debate de la manera como operaría un mecanismo como la valorización.

La meta para el año que acaba de culminar en materia de catastro multipropósito era avanzar con cerca de 228.000 hectáreas adicionales en 41 municipios de intervención. Lo anterior representaría un avance importante pero apenas marginal de este esfuerzo de reconocer el valor de las propiedades en el país. Desde el DNP en septiembre del año anterior fue presentada una herramienta muy interesante del uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyar esta tarea de enriquecer el análisis cartográfico con herramientas de tecnología de punta haciendo uso de ortoimágenes y cartografía vectorial para alimentar algoritmos que facilitan la captura de información relevante para el catastro lo que es, sin duda, un aspecto para aplaudir en el país. Sin embargo, la tarea está aún por hacer y en ese sentido, preocupa cuando menos, un anuncio como el que se ha dado desde la cabeza de la cartera de Transporte del actual gobierno.

No es claro tampoco que en un momento en donde el Gobierno Nacional está enfocado en avanzar en los proyectos existentes y por venir de las obras reconocidas como de quinta generación (5G), donde se encuentran iniciativas de tan alta envergadura como la nueva malla vial del Valle del Cauca, la troncal del Magdalena, la vía Buga Buenaventura, sin pasar por alto proyectos férreos como el corredor La Dorada - Chiriguaná, entre muchos otros que podrían ser definidos dentro de esta ola de proyectos, se pretenda, a través de anuncios disruptivos, dejar una sensación de incertidumbre y ambigüedad sobre la forma en la que serán retribuidas tan importantes obras.

La confianza inversionista, la certidumbre jurídica y por supuesto, la claridad con que se transmiten los mensajes por parte del gobierno hacia los privados, son aspectos más que esenciales para estimular en el país un ambiente en el que la iniciativa privada y las alianzas público privadas permitan avanzar en una deuda histórica que tenemos en Colombia: avanzar en el desarrollo de proyectos de infraestructura que de una vez por todas permitan elevar el nivel de productividad y competitividad de muchas cadenas de valor, y permitan mejorar la movilidad en el territorio.

Por ello, pareciera estrictamente preferido apostarle a hacer la tarea de tener un catastro multipropósito totalmente desarrollado, antes de abrir un debate del financiamiento de los principales proyectos del país, en materia de conectividad vial, a partir de la valorización de predios sobre los cuales aún desconocemos su valor.