Obras por Regalías, una oportunidad de ejecución para el país

La Ley 2056 de 2020, reglamentada mediante el Decreto 098 del mismo año y la Resolución 40207 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía abrió la puerta al país para que dentro del Sistema General de Regalías se contemplase por primera vez una figura particularmente especial: abrir espacios para que las empresas del sector minero energético tuvieran la posibilidad de avanzar en acuerdos con los gobiernos locales para ejecutar proyectos relacionados con vías terciarias, servicios públicos, proyectos agrícolas entre otros, a fin de permutar el pago de regalías a cambio de proveer obras y proyectos específicos para las regiones y por tanto para el país.

Las regalías, entendidas como una contraprestación económica a pagar al Estado por parte de quienes explotan los recursos no renovables de nuestro territorio, son el insumo esencial para definir el Sistema General de Regalías. Sin embargo, desde hace más de cuatro años, el país cuenta con una muy importante herramienta que, sea de paso decir, es una oportunidad para que las regiones efectivamente puedan contar con obras y proyectos tangibles que impacten positivamente el bienestar de las comunidades.

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, Dane, y del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el total de recursos que los 10 municipios más importantes para el bienio 2023 2024 recibieron en términos de regalías, ascendió a $1,4 billones. El 37% de estos recursos estaría en cabeza del municipio de Puerto Gaitán, Meta con cerca de $518.000 millones, seguido por Becerril, Cesar con $270.000 millones, Barrancas en La Guajira con $139.000 millones y Castilla la Nueva con $13.745 millones. En otras palabras, entre estos cuatro municipios estarían las tres cuartas partes del total de recursos de los 10 municipios con mayor nivel de regalías del territorio.

Sin embargo, desde la lógica de asignación de recursos de esas regalías, traducidas en provisión de bienes públicos de infraestructura para mejorar el bienestar de la población en los municipios señalados, los indicadores sociales muestran cifras francamente preocupantes. La población total de esos 10 municipios asciende a 187.753 habitantes, los cuales perciben una regalía per cápita de $7,4 millones, lo cual debería reflejarse al menos en que esas regiones hicieran parte de un departamento alejado de aquellos con mayores niveles de pobreza en el país.

Lamentablemente, las cifras de pobreza multidimensional muestran que desafortunadamente esto no es así. Los departamentos de La Guajira y Cesar, por ejemplo, dan cuenta de ser departamentos que en la última medición del Dane a 2024 contaban con grados de incidencia de pobreza multidimensional preocupantes, bien sea al ser medidos en su totalidad o al ser analizada la dinámica en centros poblados y ruralidad dispersa.

En el caso de La Guajira, el índice de pobreza multidimensional daba cuenta el año pasado de un nivel de incidencia total de pobreza multidimensional de 39,3%, siendo 61,3% para centros poblados y ruralidad dispersa. En el caso del Cesar, si bien es un departamento ubicado en la posición media del ranking de pobreza, tomando como referencia el indicador en mención, en el total, 13,4% de su población habría experimentado situación de pobreza multidimensional, 21,3% de su población ubicada en centros poblados y rural disperso es pobre de acuerdo a este mismo criterio. En el caso del Meta, las cifras de pobreza total y de centros poblados y rural disperso resultan ser respectivamente 9,5% y 26,4%, cifras que muestran aun importantes oportunidades de mejora.

Esta realidad impactante se traduce en niveles incidencia de pobreza multidimensional que fácilmente representan ocho veces los observados en Bogotá para el caso de La Guajira, 2,5 veces en el caso de Cesar frente a la ciudad capital y dos veces los observados en el departamento del Meta frente a la misma ciudad. Lo que quiero resaltar con esta medida simple, es lo que varios economistas han señalado que nos sucede por años: los departamentos que reciben recursos de regalías no logran avanzar en sus indicadores sociales, en muchos casos, explicados por la baja ejecución de los recursos asignados por regalías, o por la mala focalización o malversación que se hacen de estos recursos, lo que se traduce en obras inconclusas o proyectos que definitivamente no responde a las necesidades de las comunidades.

Frente a este panorama existe un enorme desafío que hoy tienen los gobiernos locales, las empresas que participan en actividades extractivas y la sociedad civil en general: hacer uso de esta figura jurídica de obras por regalías e intentar recomponer esa realidad de ejecución de recursos tan importante y relevante para las regiones. De los $62,5 billones disponible en el Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026, $12,5 billones son de asignación directa, y son recursos en los que, de acuerdo con este mecanismo de obras por regalías, el sector privado puede jugar un factor clave y convertirse en punto de inflexión para estimular la provisión de bienes públicos en la región.

Se requiere construir confianza entre las partes para poder avanzar en esta iniciativa. Un mecanismo del cual puede resultar una estrategia ganadora tanto para el gobierno local para poder mostrar ejecución, las empresas en la zona quienes visibilizan acciones a favor de las comunidades y lo más importante, esa estrategia tiene la posibilidad de traducirse en obras que benefician a colombianos y colombianas con la provisión de bienes públicos que realmente se necesitan en territorio.

Ojalá que obras por regalías logre tomar la tracción que el país requiere, especialmente, a efectos de saldar una deuda social existente con la ruralidad dispersa y centros poblados que hacen parte del territorio en el que se extraen recursos de sus suelos y como compensación debería, como mínimo, mejorársele sus condiciones de vida a aquellas familias que son parte fundamental de nuestro tejido social.