Reforma judicial mexicana y energía colombiana

A pocos días de que el órgano legislativo mexicano aprobara por mayoría la enmienda a su constitución que da luz verde para avanzar en un proceso de reforma judicial en el país, muchas preguntas relevantes surgen sobre el futuro de la institucionalidad mejicana. Pese a los intentos de la oposición a través del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), los resultados en el senado fueron contundentes: 86 votos a favor frente a 41 en contra de avanzar en la reforma.

Si bien de los temas más controversiales en el mundo derivados de esta reforma han sido los procesos de elección de jueces a través del voto popular, lo que ha suscitado importantes críticas a propósito de los riesgos que se derivan en materia de garantías de plena democracia y de separación de poderes, ha pasado con cierto disimulo un tema que económicamente podría resultar absolutamente sensible: la pérdida de la autonomía de órganos reguladores y de inspección vigilancia y control, los cuales pasarían muchos de ellos de gozar de autonomía e independencia desde lo presupuestal y funcional, a ser parte de las secretarías de gobierno.

Por muchos años para América Latina y el Caribe la independencia y autonomía de los reguladores mexicanos había sido un elemento de admirar y una referencia muy importante sobre lo que deberían ser muchas de nuestras autoridades regulatorias, así como de protección y promoción de la competencia. Con gran orgullo, y suficientes méritos, los mexicanos habían logrado construir una importante institucionalidad en entidades tan importantes como la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, por tan solo citar algunos ejemplos.

Estos desarrollos institucionales habían logrado navegar por las difíciles mareas de los vaivenes políticos para convertirse en faros técnicos a efectos de garantizar estabilidad, certidumbre jurídica y confianza en el funcionamiento de los mercados mexicanos. Su independencia y autonomía como cuerpos colegiados había sido fundamental como referencia en el diseño institucional de cara a vislumbrar posibles reformas deseables en diferentes jurisdicciones de la región latinoamericana y del Caribe.

Lamentablemente, con esta reforma judicial recientemente aprobada por el senado mexicano la cual ya tenía aprobación de la cámara en semanas anteriores, el presidente actual Andrés Manuel López Obrador le hace entrega en pocos días a la presidente entrante Claudia Sheinbaum de una llave maestra de la economía totalmente diferente a la que recibió al iniciar su mandato con las implicaciones institucionales y de certidumbre jurídica que esto implica. Años de evolución institucional se ven fuertemente chocados con la señalada adenda constitucional que pone en riesgo la curva de aprendizaje técnica que, en cada campo, en especial en términos de política de la competencia se había logrado en ese querido país. Ojalá, por el futuro de México y la región, prevalezca siempre lo técnico sobre los ciclos políticos y se encuentre la forma de minimizar la tensión institucional que esto implica.

No obstante, en Colombia en términos regulatorios las cosas no van tampoco en la dirección esperada. A 30 de años de conmemorar la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que surge entre otras cosas a partir de la fatídica experiencia que los colombianos sufrimos como consecuencia del apagón durante 13 meses desde marzo de 1992, al darnos cuenta de la necesidad de independizar las instituciones encargadas de diseñar y trazar la política de un sector tan sensible como el energético, frente a quien debería estar a cargo de la regulación, entidad distinta a su vez de aquella encargada de hacer inspección vigilancia y control de cara al usuario final.

Así, a partir de la reglamentación de leyes 142 y 143 de 1994 mediante el Decreto 1523 de 1994 se dio inicio a una Comisión que desde 1992 había sido pensada como autónoma e independiente con puesto permanente para el director del Departamento Nacional de Planeación, el Ministro de Minas y Energía y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, pero con una importante y gran diferencia: la presencia de seis expertos comisionados técnicos, independientes y capaces de suscitar los cambios que efectivamente pudiera requerir el sector en materia regulatoria.

Extensa sería esta columna si uno quisiera listar de forma cada uno de los hitos principales regulatorios que el país ha logrado configurar durante tres décadas gracias a los buenos oficios de este órgano regulador: desde la creación misma del mercado mayorista de energía eléctrica, pasando por el Código de Distribución de Gas Natural, la regulación de la responsabilidad que le asiste a los distribuidores de gas natural licuado de petróleo GLP sobre los cilindros de cara a los usuarios y qué decir frente a temas álgidos y sensibles en energía eléctrica como la confiabilidad del sistema, la autogeneración y los retos de la transición energética. Años de trabajo, de análisis y de técnicos muy importantes que han pasado por esa entidad han permitido que el país avance en un sector con una interacción permanente entre lo público y lo privado en la prestación de los servicios energéticos que requiere el país.

No obstante, desde el final del anterior gobierno y durante lo corrido del actual no ha sido posible contar con nombramientos de expertos comisionados que hayan podido superar el tamiz de las altas cortes, en particular el Consejo de Estado, para poder avanzar en el ejercicio de sus funciones. Los tiempos que se ha tomado en postular candidatos no han sido los más ágiles y expeditos y las necesidades del sector de cara al país no dan espera.

En medio de esta larga y angustiosa espera de contar con cuórum decisorio en tan importante comisión vale recordar que aún contamos con órganos reguladores técnicos e independientes. Tenemos una oportunidad de oro que no debemos perder de cara a las necesidades que el país y la región demandan en materia energética y por ende de la necesidad de hacer la regulación basada en evidencia y experiencia técnica. Ojalá aprendamos a valorar las instituciones que tenemos en Colombia y no sigamos el complejo camino que México emprende en estos asuntos. Larga vida a la Creg como un faro técnico que vislumbre una regulación capaz de promover competencia y a la par vele por la sostenibilidad de un sector tan importante para la economía.