El pasado 10 de abril el Banco Mundial publicó su más reciente informe sobre seguridad alimentaria. En el documento resalta que aún existe una presión al alza en los precios de los alimentos alrededor del mundo, en especial para aquellos países de ingreso bajo y medio. Es así como, a partir de los últimos datos disponibles que van de diciembre de 2022 a marzo 2023, dependiendo el país, 82,4% de los países clasificados de ingreso bajo, 93% de ingreso medio y 89% de ingreso medio alto, presentaron niveles de inflación superiores a 5%, advirtiendo que un buen número de estos países enfrentaron en su último corte de cifras tasas de crecimiento anual del nivel de precios de los alimentos de más de dos dígitos.

Por supuesto, dentro de los países más afectados se encuentran países africanos y de América Latina y el Caribe. Si a esto se le suma lo proyectado por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quien prevé la inminente reducción de la producción de Ucrania, despensa del mundo en lo que tiene que ver con trigo, cebada, semillas de girasol, entre otras, para el período 2022-2023 frente al año inmediatamente anterior, vaticinando una contracción de la oferta exportadora de ese país de por lo menos 30%, el asunto empieza a preocupar. La alerta crece si se tienen en cuenta las restricciones de exportación como fruto del estrés derivado de la invasión rusa a Ucrania: se estima que para este año más de 205 millones de personas en el mundo, más de cuatro veces la población de Colombia, enfrentarán inseguridad alimentaria aguda en por lo menos 45 países.

Más allá de los ingentes esfuerzos que entidades como el Banco Mundial están realizando para paliar esta situación, destinando US$30.000 millones (cifra equivalente a 52,3% del valor total de las exportaciones de Colombia en 2022) a programas de ayuda alimentaria distribuidos entre África Occidental y Oriental, Yemen, Tayikistán, Bolivia, Chad, Gana, Sierra Leona, Túnez y Egipto, pareciera que las fuentes generadoras de inseguridad alimentaria no dejan de surgir.

Durante el mes que acaba de terminar, el mundo entero ha observado el recrudecimiento de un conflicto latente en el marco de un régimen de transición de una dictadura hacia una democracia: Sudán. Esto ha llevado a que en menos de un mes lamentemos la muerte de por lo menos 500 personas y una cifra que bordea los 4.000 heridos según cifras de agencias de noticias con corte al 29 de abril.

Quizás el origen contemporáneo de este conflicto invita a recordar la llegada al poder de Omar Al-Bashir en 1989, dictador que, luego de 30 años en el poder, fuera derrocado en 2019 precisamente por el creciente descontento de los sudaneses por el fin de una bonanza petrolera que trajo consigo desabastecimiento de bienes y servicios, una inflación que superaba 70% e incluso escasez de dinero para soportar las distintas transacciones del país.

Un golpe militar acabó con el modelo de autocracia mencionado, con un compromiso aún sin cumplir, de migrar pacíficamente hacia un gobierno democrático que elegiría a su cabeza justo en 2023. Hoy producto de movimientos paramilitares formados durante la dictadura, y partícipes del golpe de estado, el país se encuentra enfrentado entre el ejército de Sudán liderado por el general Abdel Fatah al Burhan y el grupo denominado Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), unidad de inteligencia creada en su momento por el propio Al-Bashir y comandado hoy por el general Mohamed Hamdane Daglo, vicepresidente del consejo sudanés; este último acérrimo opositor al acuerdo formal dirigido a la transición democrática.

Estamos frente a un conflicto en un país de 45 millones de personas, el tercer país más grande de África, en el cual antes del inicio del conflicto, según la Unesco, más de 3 millones de niños se encontraban en condiciones de malnutrición y difícilmente podrán ser atendidos, puesto que los hospitales han sido destruidos o se encuentran cerrados por desabastecimiento de medicamentos y falta de garantías para que el personal de salud pueda desplazarse desde sus hogares hacia sus sitios de trabajo. Hay problemas de manejo de aguas negras, falta de electricidad, y el combustible empieza a escasear para activar las plantas generadoras.

Jartum, la capital de Sudan, ciudad con cerca de 650.000 habitantes se encuentra expuesta a bombardeos y disparos de fusiles. Se pactó una tregua de tres días antes de finalizar abril que al parecer no se está cumpliendo. Diferentes cuerpos diplomáticos de varios países han abandonado Sudán y muchos ciudadanos intentan migrar hacia Egipto. Los esfuerzos de Arabia Saudita y el mismo Egipto por buscar una solución pacífica de esta dramática situación en un país del que depende buena parte de la estabilidad de la región han sido en vano. Estamos frente a un conflicto que, de no tener una salida negociada pronto para deponer las armas, seguramente será un foco muy importante de generación de más inseguridad alimentaria para la humanidad. Ojalá en Colombia entendamos muy bien la naturaleza y origen de este conflicto para jamás estar en situación semejante.