El Gobierno nacional está obsesionado con la “economía popular”. El concepto parece deambular entre lo gaseoso y lo informal, con los riesgos que esto supone para la generación de empleo formal de calidad, el régimen pensional y las finanzas del estado.

Lo que se entiende por economía popular son los oficios y actos mercantiles (producción, distribución y comercialización) y no mercantiles (domésticas y comunitarias) de baja escala o tamaño, y que no se limita a la ruralidad, aun cuando hay un énfasis muy marcado de lo rural. Se trata de micro empresas que, por lo general, sólo producen el diario, no pagan impuestos, generan empleo informal, al ser por lo general negocios atendidos por sus dueños y familias, o se trata de comunidades campesinas o indígenas.

Con esta “economía popular” el PND pretende afincar las grandes transformaciones sociales y económicas del país, especialmente en el sector rural. Para poner todo en contexto, en 1938, 70% de la población vivía en el campo y 30% en cascos urbanos. Según datos del Banco Mundial, para 2021, solamente 18% de la población era rural. Esto indica que un PND debería hacer énfasis en lo urbano industrial y de servicios, sin olvidar el desarrollo agroindustrial rural. Por otro lado, las MiPyme representan 99% de las empresas del país, generan 80% del empleo y representan 40% del PIB. La Pyme aportan 65% del empleo y 35% del PIB. Las micro empresas son 90% de las empresas del país.

En resumen, las Pyme y grandes empresas son las que generan 95% del PIB y representan 10% de las empresas. El dato más problemático, que se extrae de los pagos del Paef durante la pandemia, es que las micro empresas cuentan solamente por el 10% del empleo formal, es decir, la Pyme y gran empresa representan 90% del empleo formal. Estos datos indican que el PND puede estar enfocándose en los actores y sectores que menos capacidad tienen para realmente crecer y generar riqueza y empleo formal a mayor escala, limitando incluso la movilidad social y económica, en perjuicio de la generación de riqueza con valor agregado, empleos formales y el pago de impuestos. El PND debería haber hecho énfasis en un “capitalismo popular”, es decir, en la capacidad de todos los ciudadanos de ser propietarios, no necesariamente de tierras, sino de sociedades y sus empresas. Deberíamos contar con un verdadero plan de financiación empresarial a través de un sistema o bolsa “junior” de emisión de bonos y acciones para las Pyme, en el cual se podría conseguir financiación, sin la intermediación bancaria.

De hecho, en el artículo 162 del PND 2018-2022 se contemplaba esta posibilidad, lo que se vio truncado por la pandemia y la imposibilidad de generar consensos hacia su realización. Podríamos incluso pensar en deducciones fiscales y apoyos estatales en modalidad de “matching fund” para aquellas Pyme que tengan planes de expansión y se financien por este mercado “junior”. Se podría crear un verdadero “capitalismo popular”, con muchas más probabilidades de escalamiento y generación de más empresa y empleo, sobre la llamada “economía popular”, lo que reduciría, sin duda alguna, la pobreza.