El Gobierno, siguiendo los pasos del régimen venezolano en 2012, decidió denunciar el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El Ciadi no es un tribunal, sino un centro de arbitraje que, de acuerdo con sus reglas, constituye y administra tribunales expertos e independientes para resolver disputas en casos de expropiaciones directas o indirectas -esto es, medidas equivalentes a una expropiación- de inversiones sin justa compensación por parte de un Estado contratante, en perjuicio de inversionistas nacionales de otro Estado contratante. El centro fue creado en los años sesenta con el propósito de contar con tribunales imparciales, por fuera de la jurisdicción de los Estados, para evitar injerencias políticas y fomentar las inversiones internacionales. El Ciadi, como foro de resolución de controversias, requiere un tratado de protección de la inversión (TI) o un tratado de libre comercio (TLC) que incluya una cláusula específica de atribución de competencia.

La denuncia no pasa de ser una noticia demagógica, pues las posibles contingencias por más de $52 billones no se evitan saliéndose del sistema, sino denunciando también los 19 TI y TLC de protección a la inversión extranjera. No obstante, esos tratados seguirán vigentes durante 10 años -plazo estándar- respecto de disputas ocurridas antes de la denuncia y el período de eficacia diferida de seis meses de esta. En todo caso, tales controversias tendrían como foro de resolución el mismo Ciadi -a través del mecanismo complementario- o tribunales internacionales ad hoc bajo reglas de Naciones Unidas.

Tampoco puede afirmarse, como lo hace el Gobierno, que el Ciadi sea “la justicia del socio” o del “gran capital”. El centro no pertenece a ningún país y los tribunales fallan de forma independiente y sin privilegiar a ninguna de las partes. Tampoco es cierto que la soberanía exija que la justicia esté siempre en manos del Estado, pues el sistema constituye un mecanismo válido e idóneo para generar confianza al inversionista extranjero y fomentar la economía, del mismo modo que lo hacen los tribunales de arbitramento nacionales.

Tampoco se trata de un sistema asimétrico, como lo indicó el presidente, que beneficie siempre al inversionista. El Estado colombiano ha ganado 70% de los casos. Tampoco limita de manera ilegítima la adopción de decisiones soberanas. Lo que limita son las decisiones arbitrarias e ilegales y la falta de una justa compensación. Tampoco protege de forma desigual e injusta al inversionista extranjero frente al nacional. Se trata, más bien, de una política válida de fomento de la inversión extranjera. La realidad es que el sistema genera confianza y ofrece múltiples bondades para la atracción de inversión extranjera, en beneficio de la economía, aun cuando podría requerir algunos ajustes en su funcionamiento.

La solución, por lo tanto, no es retirarse del sistema, sino promover sus ajustes y evitar la adopción de malas decisiones de política pública -arbitrarias, contrarias a la ley y sin compensación-, pues ello implicaría cuantiosas condenas, cualquiera que sea el foro de resolución de las controversias.

Así, el Gobierno petrista sigue el mismo camino del gobierno chavista, enviando pésimos mensajes sobre estabilidad institucional y confianza al inversionista extranjero, en perjuicio de la economía.