Finalmente, después de mucho aguante, salió del Gobierno Ricardo Bonilla, hecho que marca el punto más bajo de gobernabilidad y confianza de los colombianos en el Gobierno del cambio. Es una triste y lánguida salida para alguien como Bonilla, un académico comprometido con Petro y sus políticas. Se va en un momento sensible en materia económica y política, pues no es común que un Ministro de Hacienda abandone el barco cuando se presentan déficits en las cuentas y se está tramitando una reforma tributaria.

No son claras para la opinión pública las razones de su salida. Para algunos, es el resultado del tsunami generado por el escándalo de corrupción de la Ungrd. Para otros, es consecuencia de las denuncias o traslados realizados por Bonilla a la Fiscalía sobre conductas punibles de personas del círculo íntimo del Gobierno, relacionadas con asuntos de grueso calibre en procesos licitatorios de Ecopetrol.

Petro, a pesar de la larga relación y los elogios finales a Bonilla, lo despidió. Señaló su honestidad e inocencia, pero lo calificó como una persona académica e ingenua, víctima de personas de administraciones anteriores y de los políticos; es decir, víctima de un sistema o estructura de Estado que funciona con politiquería. Para Petro, esto ha sido algo común, e incluso lo usa entre líneas y de manera desatinada como justificación. Lo cierto es que las manifestaciones del presidente en nada ayudan a Bonilla. Por otro lado, aunque en su carta de renuncia Bonilla señala su transparencia e inocencia, no resulta atinada la expresión de “ni cometí delito alguno en provecho personal”.

Finalmente, Bonilla se va, ya sea porque se volvió tóxico para el Gobierno o porque lo consideran desleal. No obstante, el Gobierno perdona a otros más tóxicos que, en la batalla política que se avecina, resultarían más útiles, y al tenerlos cerca los mantiene tranquilos y callados. En fin, demasiada condescendencia y cargos para unos, y mano dura y la calle para otros.

Lo que preocupa, en términos de Estado y de opinión pública, es la falta de rigor del Gobierno para aplacar, censurar y luchar contra la corrupción y la politiquería. Parece que si las prácticas politiqueras y corruptas provienen de los amigos, ellos son unas pobres víctimas inocentes del horrible sistema; pero si provienen de los enemigos, entonces sí son un delito y una práctica abominable. No, toda corrupción es mala, venga de donde venga. La triste realidad y el desolador panorama es que al Gobierno se le salió de madre la corrupción. Estamos mucho peor, considerando además que el Gobierno tenía como banderas la lucha contra la corrupción y la politiquería.

Los Olmedos, Sneyders, Sandras y otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno envueltos en escándalos de corrupción deben responder ante la justicia. Claro que tienen presunción de inocencia, pero ningún funcionario debe continuar en el cargo si sobre él pesan serias dudas e investigaciones por prácticas corruptas. Igualmente, la Fiscalía debe realizar su trabajo de manera pronta y diligente. No puede ni debe engavetar las investigaciones que afecten al Gobierno. Por otro lado, el Gobierno debe salir a responder políticamente y no puede excusarse con banales discursos y justificaciones.