Cuatrocientos sesenta kilos de democracia
De forma rápida y contundente, el Gobierno de ADLE va recuperando los territorios y la soberanía. Fiel a lo prometido en campaña, ha adelantado una estrategia política, militar y mediática contra los narcoterroristas, cumpliendo la función constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio.
Desde el punto de vista político, a buena hora se acabó la farsa de la paz total y el diálogo inane con los delincuentes. Desde el 7 de agosto se empezó a desmontar tamaña patraña. En septiembre, además, el Gobierno anunció la terminación de todos los diálogos, pues estos no habían arrojado resultados ni constituían el camino hacia una paz verdadera. El asunto es sencillo. Fue tan mala la paz total que el número de integrantes de las organizaciones armadas ilegales creció, en cuatro años, de 15.120 a 28.802, conforme lo ha indicado la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Por otro lado, el 4 de noviembre se promulgó la Ley 2640 de 2026, que básicamente sustituye el diálogo insulso por el sometimiento, como debe ser, sin reconocimiento político y con condiciones de entrega de armas, bienes e información sobre los integrantes y el aparato criminal.
Por el lado militar, el Gobierno le desamarró las manos a la Fuerza Pública. Desde el 7 de agosto es clara la intensificación de las operaciones. En los primeros noventa días del Gobierno de ADLE, frente al mismo período del Gobierno de Petro, las bajas aumentaron un 354 % y las desmovilizaciones crecieron un 48 %. Lo más importante es que se reactivaron los bombardeos y todos los grupos delincuenciales han recibido su correspondiente dosis. Con esta estrategia se busca el debilitamiento de las organizaciones criminales y la recuperación de la seguridad territorial. Todo esto ha sido posible también gracias al cambio de la cúpula militar, con el que se busca un mayor despliegue ofensivo y la recuperación de la integridad de la inteligencia militar ante las denuncias de infiltración por parte de las disidencias.
Finalmente, en el ámbito mediático y del mensaje institucional, el presidente, aunque a algunos no les guste, ha enviado un mensaje de contundencia frente a la criminalidad, no solo por las operaciones realizadas, sino también por sus conductas e imágenes difundidas en los medios. Mostrar ante las cámaras a los delincuentes y extraditados -con uniforme naranja- y confrontarlos, llamarlos bandidos, asesinos y miserables, llevar chaleco antibalas y pistola al cinto, vestirse de camuflado, caminar entre cadáveres cubiertos con sábanas blancas, firmar las bombas, etc., son parte del mensaje destinado a mostrar un cambio real en el Estado, generar una sensación de fortaleza en la ciudadanía e infundir temor en los delincuentes para que se sometan.
Lo cierto es que es mejor tener un presidente comprometido con la seguridad del Estado y de la ciudadanía, aunque sea mediático y a algunos no les guste, que uno complaciente con la delincuencia. No hay que dudar de que la estrategia de ADLE en los ámbitos político, militar y mediático se traducirá en más seguridad, justicia y democracia, por lo que se debe continuar enviando más bombas de cuatrocientos kilos de democracia, firmadas por ADLE, contra los grupos al margen de la ley.