A pesar de la Ley de Inversiones y los múltiples Tratados de Protección a las Inversiones (TPI) firmados por el Estado venezolano, a Chávez le duró poco la piel de oveja de garante de la inversión extranjera. Fueron tantas las demandas, consecuencia de las expropiaciones y el abuso a los inversionistas, que decidió denunciar el Convenio Ciadi.

El Convenio es un foro de resolución de disputas de inversión para que los inversionistas extranjeros resuelvan sus diferencias con los Estados cuando existe una expropiación de su inversión sin compensación. La jurisdicción del Ciadi y la competencia del Tribunal, que se forma bajo sus reglas, parten de la base de que el Estado ha dado su consentimiento, normalmente establecido en un TPI. La disputa se centra en la expropiación: es decir, si la actuación del Estado constituyó una expropiación y si ella está o no amparada por un TPI. Los TPI terminan siendo normas procesales y sustantivas que tienden a favorecer a los inversionistas y son una pieza fundamental para canalizar la inversión extranjera hacia países en desarrollo.

A la fecha, Colombia ha firmado más de 15 TPI, y el alcance de la protección varía entre ellos. Los TPI incluyen disposiciones para la resolución de disputas mediante el Convenio Ciadi y el Mecanismo Complementario del Ciadi (que opera por fuera del convenio y bajo otras reglas), si el Estado contratante no forma parte del Convenio Ciadi.

En este contexto, el Gobierno del cambio, al mejor estilo chavista y ante un revés en un laudo de un Tribunal Ciadi, ha anunciado que denunciará el convenio. Este es un pésimo mensaje para la inversión extranjera, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Estarían en riesgo US$10.000 millones anuales de inversión extranjera. La mala noticia para el Gobierno es que no basta con denunciar el Convenio Ciadi, pues los TPI continuarían vigentes con el Mecanismo Complementario. Además, tendría que denunciar los TPI, lo que convertiría a Colombia en un paria internacional. Incluso después de su denuncia, los TPI permanecerían vigentes durante 10 años adicionales para las inversiones perfeccionadas, lo que mantendría también activo el Mecanismo Complementario.

La realidad es que denunciar el Convenio Ciadi es parte de una estrategia regional socialista y una conducta característica de regímenes autoritarios. El problema no es el Ciadi ni los árbitros, sino las acciones estatales que pueden ser más o menos censuradas y catalogadas como expropiaciones, dependiendo del texto del TPI. En realidad, 47% de los casos terminan con laudos favorables a los Estados, ya sea porque se rechazaron las reclamaciones o porque el tribunal no era competente. El otro 53% concluye de manera favorable, total o parcialmente, para los inversionistas.

El Ciadi es un buen sistema para la resolución de conflictos de inversión. Tiene defectos, como su excesivo formalismo (que incluso favorece a los Estados), altos costos, conflictos de intereses entre el personal, los árbitros y los abogados, y la falta de uso del precedente, entre otros. Sin embargo, la respuesta ante estos problemas, o un revés en las decisiones, no debería ser el anuncio de denunciar el convenio, pues los perjudicados seremos todos los colombianos.