Gran esfuerzo se ha hecho para educar a las sociedades del país en prácticas de gobierno corporativo. La realidad es que el cumplimiento normativo y buenas prácticas de gobierno corporativo generan valor. El primer estadio es el cumplimiento de las normas comerciales y los estatutos. Estos cuerpos establecen reglas de conducta y responsabilidad de los administradores, conflictos de intereses, toma de decisiones, derechos de los asociados, entre otros.

El segundo estadio son buenas prácticas, que pueden o no estar en los estatutos, o en otros reglamentos o documentos, o ser consuetudinarios en la empresa, por lo que pueden o no ser obligatorias, pero su cumplimiento genera confianza y transparencia. Esto es importante en todas las sociedades, tanto emisoras en el mercado de valores, como familiares o cerradas. Por eso, es doloroso lo que pasó en Ecopetrol. La iguana debería ser el ícono y mayor ejemplo de gobierno corporativo. No obstante, existen varios asuntos en los que Ecopetrol “perdió el año” en la materia.

Decidieron bajar la experiencia profesional de 15 a 12 años para ser miembro de la junta directiva, lo cual no tiene sentido alguno desde el punto de vista de generación de valor, y terminó siendo un ajuste para acomodar a alguien. También, se presentó un cambio dramático de los miembros de la junta. Lo cierto es que puede ser más adecuado, desde el punto de vista de gobierno y generación de valor, la permanencia de los miembros por varios periodos, con cambios paulatinos, a fin de generar conocimiento y estabilidad.

Pues bien, esto no ocurrió, y ahora, a pesar de que el Gobierno ya había puesto a “su gente”, resolvió hacer un nuevo remezón. Salieron y entraron cinco miembros, además algunos con serios cuestionamientos desde el punto de vista de su idoneidad e independencia. Parece que al Gobierno le importa más la gobernanza dogmática e ideológica, que la gobernanza mercantil de una empresa que debe producir utilidades para sus accionistas. Por eso nombró a viceministros y a agentes de la política. Igualmente, se le olvidaron los compromisos y buenas prácticas de la Ocde, pues no es conveniente tener funcionarios de alto rango en las juntas de las empresas del Estado, por los posibles conflictos de intereses y problemas de independencia y agencia.

Recordemos que los miembros de la junta de una sociedad anónima no representan a sus electores, sino que deben actuar de manera independiente en interés de la sociedad y teniendo en cuenta el interés de todos los asociados y no de uno solo. Y por si faltara algo, Ricardo Roa, su presidente, tiene cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial, la compra de un apartamento y otros asuntos en supuesto conflicto de intereses. Todo esto se reflejará en la credibilidad del mercado y el precio de la acción en los próximos días.

Finalmente, veremos si los miembros de la junta directiva actúan en interés de la sociedad o serán mandaderos del Palacio de Nariño, lo cual puede significar posibles demandas para ellos e, incluso, para el Estado por abusar del derecho del voto eligiendo miembros no idóneos y plegados a su interés y no a los de la empresa.