No es un secreto, ni es ajeno para los colombianos, el hecho de que nuestro país es muy desigual, a pesar de todos los esfuerzos realizados por años. Ahora, el Gobierno plantea una opción para reducir la desigualdad, a través del Ministerio de la Igualdad. No obstante, para solucionar el problema de la desigualdad, primero debemos analizar en qué consiste.

Tradicionalmente, el concepto entrelaza aspectos de desigualdad social y económica. La primera tiene su génesis en las falencias de distribución de los bienes y servicios básicos en el país. Existen regiones, incluso grupos poblacionales, que no cuentan con las condiciones mínimas de servicios públicos, salud, vivienda, nutrición y educación.

La segunda se relaciona con aspectos económicos de regiones y grupos poblacionales, cómo el ingreso, incluso el capital acumulado y la tenencia de la tierra, lo que para muchos es fundamental en la consecución de dichos bienes y servicios.

La estrategia de política pública para reducir la desigualdad tradicionalmente ha sido una mezcla de transferencias cruzadas entre estratos y servicios y bienes subsidiados o gratuitos, sin descontar el esfuerzo del Estado en procurar mejores condiciones de competitividad para las empresas como eje fundamental de generación de empleo formal y de calidad. En términos generales, el país ha tenido la estrategia correcta, pero lo cierto es que los esfuerzos no han sido suficientes.

No se pueden desconocer los avances de los últimos 50 años en la reducción de la desigualdad, lo cual es evidente en asuntos como la cobertura en educación, salud y servicios públicos, disminución de la desnutrición y el aumento del PIB per cápita, entre otros.

En buena medida los resultados son inferiores a lo esperado por la corrupción, que drena los recursos, políticas públicas malas o mal ejecutadas, la polarización política y la burocracia excesiva, que mal usa los recursos, pero sobre todo por la violencia generada por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico.

Esa es la realidad. El Estado ha invertido y hecho ingentes recursos y esfuerzos para preservar el orden público. Igualmente, los inversionistas y empresarios han realizado esfuerzos enormes, pero la tasa de generación de riqueza y empleo se mermó por la inseguridad y la desconfianza. Para reducir la desigualdad, hay que generar las condiciones de seguridad física y jurídica.

De esa forma, los empresarios crearán riqueza y empleo formal y de calidad, pues el camino adecuado no es a través del estado y colectivismo, aun cuando se deben realizar inversiones estratégicas estatales para mejorar la competitividad.

Respecto a los subsidios, estos deben ser focalizados y temporales, para evitar la trampa de la pobreza, apuntando a que sean finalmente los individuos quienes puedan por sí mismos suplirse de los bienes y servicios básicos. Todo se debe traducir en el aumento del PIB total y per cápita y el aumento progresivo y constante de la clase media.

A pesar de todo ello, el Gobierno considera que la desigualdad se soluciona con un ministerio innecesario, que más parece un ministerio del derroche, la burocracia, la ideologización y la politiquería y no a través de políticas públicas adecuadas para aumentar la competitividad, las empresas, la riqueza y el empleo formal y de calidad.