El Presidente ha vociferado a los cuatro vientos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es competente para investigarlo a él y su campaña presidencial administrativamente. Alega, de manera irracional y antijurídica, que el fuero presidencial es integral y que, por lo tanto, le corresponde solamente al Congreso adelantar todas las investigaciones y sanciones en su contra. Este punto se convirtió en un verdadero campo de batalla jurídico y político que finalmente terminó resolviendo el Consejo de Estado.

Para esta entidad, el Presidente tiene un fuero especial sobre faltas penales y disciplinarias de conocimiento exclusivo del Congreso. También indicó que el CNE tiene la competencia para investigar a las campañas electorales e imponer sanciones administrativas. Señaló que el fuero es de aplicación estricta, por lo que procede respecto a las faltas y sanciones establecidas expresamente en la Constitución Política, y que no incluye sanciones diferentes a la destitución y pérdida o suspensión de derechos políticos por faltas disciplinarias o penales.

En otras palabras, para el Consejo de Estado, el fuero no es integral ni abarca ni desplaza otras competencias, como las administrativas del CNE. Para la entidad, darle un mayor alcance y extender el fuero a todo tipo de conductas, como las administrativas, implicaría dejar en un vacío el incumplimiento del régimen de financiación de las campañas electorales.

Con estas premisas, el Consejo de Estado declaró la competencia del CNE para investigar y sancionar administrativamente las presuntas irregularidades financieras de la campaña del ciudadano Gustavo Francisco y sus actores, y declaró que la sanción de pérdida del cargo del presidente por las irregularidades en la financiación era autónoma y de competencia exclusiva del Congreso de la República.

Así, cada loro debe permanecer en su estaca y hacer en ella lo de su competencia, según lo indicado. Por lo tanto, lo nítido y prístino es que no existe un golpe de Estado del CNE. El supuesto golpe de Estado no es más que una elucubración del Presidente y sus áulicos para azuzar a sus huestes y victimizarse como parte de su estrategia jurídica y política.

Los candidatos, gerentes y otros funcionarios de las campañas deben responder administrativamente por las irregularidades financieras. No es adecuado pensar que, por el hecho de ganar las elecciones, la campaña ganadora queda “inmunizada” de investigaciones administrativas del CNE.

De hecho, en una democracia seria, prima la igualdad ante la ley de los candidatos ganadores y perdedores en cuanto a la investigación y sanción de la financiación. Es decir, que no hay fuero en esta materia para el ganador, salvo respecto a la pérdida del cargo, que es competencia del Congreso.

Por todo esto, la conducta del Presidente es desproporcionada y sus argumentos arbitrarios, pues buscan desconocer la decisión del Consejo de Estado, lo que sí podría configurar un golpe de Estado. Al final, si se cree que la formulación del pliego de cargos es inconstitucional, se podría presentar una acción de tutela como mecanismo idóneo, como en efecto se hizo, y no despacharse en alocuciones presidenciales y mensajes en X cargados de bilis e imprecisiones jurídicas que generan más conflicto y zozobra en el país.