Después de muchos debates, diálogos de sordos e “ires y venires”, finalmente se concilió el texto de la reforma tributaria. Tendremos reforma en 2023, que busca recaudar $20 billones por año, cuando estamos ad portas de un decrecimiento o recesión económica nacional y mundial, lo cual afectará negativamente a las empresas y la generación de empleo. La reforma incluye varios temas cuestionables e inadecuados desde los puntos de vista formal y substancial. En los temas formales, como es tradicional, hay asuntos de unidad de materia de la ley y del desarrollo del trámite legislativo. Será la Corte Constitucional quien tendrá la última palabra.

Respecto a la conveniencia de la reforma, existen serios cuestionamientos en materia societaria y empresarial. En primer lugar, es inconveniente cualquier tipo de sobretasa a la industria petrolera y del carbón. Igualmente, no deja de ser absurdo y antitécnico el hecho de excluir las regalías de las deducciones. Con estas dos perlas, las industrias petrolera y del carbón entrarán en marchitamiento progresivo, en perjuicio de la Nación, cuando es claro que dependemos de las divisas y las riquezas que generan. Si esto fuera poco, se establecen también sobretasas inconvenientes para otras industrias, como la de generación de energía por recursos hídricos y las instituciones financieras. Respecto a los servicios financieros, estos son fundamentales para la formalización, la legalidad y la generación de valor agregado y riqueza empresarial, lo que se perjudicará con estos tratamientos diferenciales.

En segundo lugar, en cuanto a los dividendos, estamos ante un claro desincentivo a la constitución y operación de las sociedades mercantiles. Las tarifas para los inversionistas, con la tabla general para personas naturales residentes, con un descuento de 19%, que además podría arrojar saldos a favor dependiendo del monto, y una tarifa de 20% para los no residentes, son absurdamente altas e inconvenientes.

Los inversionistas y asociados buscarán vehículos y transacciones razonables que reduzcan el impacto fiscal, a efectos de no hacer peajes innecesarios en las sociedades. Claramente, se desincentivará la constitución, el uso y fortalecimiento de ellas, con consecuencias económicas negativas para la economía en el largo plazo. En tercer lugar, respecto a las ganancias ocasionales, se decidió subirlas a 15%. Lo más sano era continuar con la tarifa de 10%, que era entendida como razonable y fomentaba la legalidad. En cuarto lugar, el impuesto de timbre a las escrituras de venta de inmuebles de hasta 3% generará trabas a la movilidad de la economía, al revivirse instituciones tributarias que sabemos no funcionaron adecuadamente.

En quinto lugar, conforme a que el ICA grava la propia actividad generadora de renta sobre los ingresos brutos y no sobre la utilidad, el tratamiento debería ser como descuento y no como deducción. Así, las empresas que generan altos montos de ICA, por grandes volúmenes de ventas, con bajos márgenes, se verán perjudicadas. Finalmente, nada más inadecuado que el impuesto al patrimonio, que desincentiva la acumulación de capital, necesaria para la generación de empresa y empleo a largo plazo. Estos son algunos de los inconvenientes que tendrán la economía, el empleo y las empresas y sus inversionistas por la nueva reforma tributaria.