La situación de orden público en el país se ha deteriorado a pasos agigantados. Los ciudadanos de bien están intranquilos. Las ciudades han sido tomadas por la delincuencia común y bandas de extorsionistas que pescan en río revuelto. Los campos y las regiones han sido cooptados por las guerrillas, los clanes paramilitares y el narcotráfico en general. El Estado, a todo nivel, se ve desbordado en materia de seguridad por el accionar de estos grupos delincuenciales.

El Gobierno Nacional, en lugar de entender que la captura y condena de los delincuentes es la piedra angular de la paz, sigue empecinado en dirigir sus esfuerzos y esperanzas a la política de paz total, a pesar de su estruendoso fracaso. Lo cierto es que la Ley 2272 de 2022 estableció la paz como una política de estado, con la loable intención de hacer la paz a toda costa, creyendo que es cuestión de decir “hágase la paz, y la paz se hizo”.

No, la paz no se hace con loables intenciones, y menos en contra de la naturaleza de los delincuentes, pues siempre se les dará la mano y se tomarán el codo. Así, por la necesidad del Gobierno de mostrar resultados, terminamos metidos en el galimatías de la “paz por la paz” a toda costa. Hay negociaciones con varios grupos, sin marcos y objetivos definidos y con ceses al fuego.

La realidad es que, si el Estado colombiano deja de hacer presencia por los ceses al fuego, abandona su deber de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes y aumenta la violencia. Esta política solo terminará fortaleciendo a los grupos al margen de la ley. Igualmente, los pronósticos vaticinan que llegaremos a 300.000 hectáreas de coca. Por otro lado, las autoridades nacionales se ufanan por las mayores cantidades de coca y base de coca incautadas. Por supuesto, es el resultado de la paz total en las zonas cocaleras, pues hay más hectáreas y mayor producción.

Así, como van las cosas, pasaremos de ser un país cafetero, petrolero y carbonero a un país cocalero, donde cultivar coca será considerado loable y digno, como si fuera cultivar tomates, y explorar y explotar petróleo y carbón, prohibido, peligroso y en contra de la vida. Mientras como país no volvamos a nuestros cabales y combatamos decididamente los cultivos ilícitos, con aspersión aérea usando glifosato, estaremos en manos de los narcotraficantes, sus dineros y todo lo que ello significa.

Pareciera que se prefiere una economía ilegal y en la sombra, a una economía legal, transparente y cumplidora de las leyes. El resultado de toda esta debacle no puede ser distinto a la pérdida de la confianza de los inversionistas y una estrepitosa caída de la economía en 2023, con un crecimiento de 0,6%. Y lo peor, con una caída en la inversión como nunca visto. La mayoría de los inversionistas tienen dudas sobre el futuro del país, no tienen confianza por la situación política, pero sobre todo por la situación de orden público. Es hora de acabar la inseguridad, pues es el primer ingrediente de la receta para generar empresa, riqueza y empleo y disminuir la pobreza.