Ante la magnitud del problema fiscal heredado, el Gobierno ADLE preparó su caja de herramientas en la Ley de Rescate Económico. Su propósito es estabilizar las finanzas públicas, pero más con nuevos impuestos que con verdaderos ahorros.

El primer paquete apunta al gasto. Pretende aplazar o reducir en 2027 las partidas sin concepto favorable del Confis y no programar entre 2028 y 2030 las transferencias que no lo tengan. Incluye el traslado al Tesoro de los excedentes de fondos especiales, un programa de eficiencia del gasto, el ajuste de las rentas de destinación específica al recaudo efectivo, facultades para reducir el tamaño del Estado y fusionar entidades, y límites a la publicidad oficial. El gasto de personal caería un 20% en 2028 y luego solo podría crecer hasta la inflación más 0,5 puntos porcentuales. Los contratos de prestación de servicios se recortarían a la mitad en 2027. También se crea un programa de venta de activos del Estado a través de Cisa, y al menos la mitad de lo recaudado se destinaría durante cuatro años a reducir la deuda. Buena parte de estas medidas podría adoptarse por decreto. Otras son reasignaciones que no implican ahorro, y vender activos tampoco requiere una ley, aunque consolidar las ventas en Cisa ayudaría mucho.

El segundo paquete trae impuestos que generan alertas sobre el crecimiento, la formalización e incluso la inflación. La primera sorpresa es el aumento inadecuado de las cargas laborales, pues la nómina se encarecerá por la menor exoneración de aportes al Sena, al Icbf y a la salud, y por las mayores cotizaciones a salud.

Ampliar la base del impuesto de renta es acertado y favorecerá la formalización. Sin embargo, es excesivo bajar el umbral de la tarifa máxima del 39%, reducir el tope de la renta exenta y gravar el componente inflacionario de los rendimientos. Es adecuado el aumento de la ganancia ocasional sobre loterías y apuestas, del impuesto al carbono y de los impuestos saludables, así como la eliminación de exenciones de renta a algunos funcionarios. También lo es extender el IVA a las apuestas, los licores, los vehículos híbridos y eléctricos, el turismo de extranjeros, las compras al exterior, los espectáculos, los servicios agropecuarios y la gasolina. Es inadecuado, sin embargo, subirlo a la medicina prepagada, dada la crisis del sistema de salud.

La reducción de los bienes excluidos del IVA ha generado críticas, aunque viene acompañada de una devolución a la población pobre y vulnerable. La idea es buena; incluso, toda la economía debería estar sujeta al IVA para reducir la informalidad.

No conviene, en cambio, insistir en una sobretasa de renta a bancos y aseguradoras, pilares de la economía de mercado, porque resta capacidad de crecimiento. Y aunque es positivo bajar la tarifa de renta de las empresas, lo que se da con la mano se borra con el codo con las nuevas cargas a la nómina.

En conclusión, el Gobierno debe ser ingenioso y decidido para reducir el gasto, financiar el déficit con la venta de activos, fomentar la inversión y adoptar una política de exploración y explotación de recursos naturales; y, si va a establecer impuestos, hacerlo de manera adecuada.