Parece que al Gobierno le vienen como anillo al dedo las emergencias, como si estuviera esperándolas, incluso rezando para que aparezcan, y así hacer uso de las facultades constitucionales extraordinarias para imponer impuestos por decreto.

La oportunidad se la dio la nueva ola invernal. La realidad, ante la insaciable sed de recursos y el desbordado gasto en burocracia y politiquería, es que el Gobierno busca utilizar facultades extraordinarias para recaudar y seguir derrochando.

Ciertamente, la emergencia ha causado enormes daños y ha dejado muchos damnificados, por lo que nadie debe cuestionar la necesidad de su atención. El asunto no es la atención en sí, sino si la declaración de emergencia cumple con los criterios constitucionales -hechos sobrevinientes y extraordinarios, gravedad e inminencia e insuficiencia de las medidas ordinarias- para el uso de facultades extraordinarias, así como el monto y la fuente de los recursos. Respecto de dichos criterios, el Gobierno justifica la emergencia por la súbita aparición de un frente frío atípico, que podría considerarse extraordinario.

No obstante, desde 2011 se estableció un sistema de gestión integral del riesgo y se creó la Ungrd, precisamente para que las facultades extraordinarias fueran la última opción. Igualmente, el cambio climático y sus efectos son una realidad permanente que seguirá generando emergencias; es decir, estas no necesariamente son extraordinarias y, por tanto, deberían ser atendidas con recursos y facultades ordinarias.

Así, el Gobierno, teniendo la oportunidad de fortalecer el sistema de atención de desastres, no ha hecho más que improvisar. No ha fortalecido la Ungrd, no ha destinado recursos suficientes y ha permitido el derroche y la corrupción, además de haber contado con los mayores presupuestos y recaudos fiscales de los últimos años.

De hecho, la Contraloría ha señalado que solo en enero de 2026 el Gobierno suscribió más de 164.000 contratos por valor de $14,8 billones, sin contar otros recursos mal utilizados en los últimos tres años con fines politiqueros. Es decir, recursos hay, incluso de fuentes ordinarias; simplemente no se usan en lo que corresponde.

Por otro lado, el Gobierno pretende recaudar $8 billones para la emergencia mediante un impuesto al patrimonio. A la fecha, no existe ningún estudio técnico que establezca que este monto sea adecuado y razonable. Parece una cifra sacada del cubilete para reemplazar los impuestos que no fueron aprobados por el Congreso o que no se recaudarían ante la eventual ilegalidad de la última emergencia.

Podrían utilizarse recursos provenientes de reasignaciones presupuestales, recortes de gasto o, incluso, de las regalías no ejecutadas. Lo que no resulta razonable es establecer un impuesto al patrimonio de hasta 1,2% para las empresas más grandes, que son precisamente las que generan el mayor volumen de impuestos y empleo formal, con las consecuencias que ello tendría para el desarrollo económico, el recaudo futuro y la generación de empleo.

El presidente se equivoca al satanizar a las grandes empresas y la acumulación de capital, que son claves para la reinversión y el bienestar general. Además, desafía constantemente la institucionalidad al utilizar las emergencias y las facultades constitucionales extraordinarias para decretar impuestos, cuando estas podrían, con gerencia y planeación, ser atendidas mediante facultades y recursos ordinarios.