Los sátrapas eran gobernantes de las provincias del antiguo Imperio persa. La palabra significa “protector de la tierra”, pero terminó utilizándose para referirse a gobernantes déspotas. Eran vanidosos, egocéntricos y caprichosos, y hacían lo que se les daba la gana. En la evolución política latinoamericana, los sátrapas son los dictadores que creen representar al pueblo y piensan que pueden hacer lo que les venga en gana, contra el sentido común y violando la Constitución y la ley.

Pues bien, nuestro sátrapa criollo, Gustavo Petro, sigue preparando y expidiendo decretos -de emergencia u ordinarios- ilegales e inconvenientes, que les roban el futuro a los colombianos.

Uno de ellos pretende recaudar y expoliar el patrimonio de las personas jurídicas de forma voraz, antitécnica y expropiatoria, con tarifas del 1,6% (instituciones financieras) y del 0,5% (sociedades y entidades sin ánimo de lucro). Particularmente, este decreto abusa de los mecanismos extraordinarios -pues se utiliza para solventar una crisis fiscal estructural-, atenta contra la seguridad jurídica y la confianza legítima -al no establecer claramente la base gravable ni contar con cierres contables y fiscales propios de los impuestos de período-, no cumple con el parámetro de justicia y equidad -pues no consulta la verdadera capacidad contributiva- e incluso podría ser expropiatorio si se considera la excesiva carga fiscal acumulada, así como sus efectos sobre ciertos sectores intensivos en capital o con bajos márgenes, y los ciclos de los negocios.

Otro decreto establece una contribución extraordinaria en favor de la Superservicios y un impuesto en especie del 12% sobre lo que se venda en el mercado por parte de las empresas que generan energía eléctrica hidráulica, todo destinado a las actuaciones administrativas y a las empresas intervenidas.
Como si todo esto fuera poco, también se pretende trasladar recursos privados por la suma de $27 billones de los fondos de pensiones a Colpensiones.

La cereza de este pastel envenenado es la posibilidad de contratar de manera directa, cuando la ley prohíbe hacerlo durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, así como las facultades para la gestión de tierras con el propósito de acelerar la reforma agraria, lo que incluye un procedimiento expedito de extinción de dominio y adjudicación.

Claramente, al Gobierno no le bastan las facultades ordinarias, sino que desea mayor libertad para irrigar recursos a dedo en período electoral, soslayando las garantías legales y constitucionales y buscando aplausos populistas.

Muchas de estas facultades no tienen conexión alguna con la emergencia y violan las garantías constitucionales. Se trata, además, de un abuso sistemático de las competencias extraordinarias, simplemente para obtener recursos y aliviar la presión del presupuesto general de la Nación.

Para rematar, y con el propósito de generar recursos para las EPS intervenidas sin afectar el tesoro, vulnerando los derechos de elección de los pacientes y la libre competencia, se realizó una reubicación masiva de 6,6 millones de usuarios.

Todas estas actuaciones son inconvenientes y propias de un sátrapa que no obedece ni a Dios ni a la ley, y que tiene como propósito influir en el proceso electoral mediante el uso de ingentes recursos públicos y con escaso control en la contratación y la gestión.