Petro peló el cobre con la jornada electoral venezolana. Tal como estaba previsto, se decía y presagiaba, Edmundo González ganó las elecciones y Nicolás Maduro se las robó.

Las encuestas mostraban un 60/40 a favor de González, lo que presagiaba la victoria. La incógnita era si el dictador y su maraña de instituciones y funcionarios lacayos iban a tener el estómago para robárselas. Finalmente, lo hicieron. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por vencedor a Maduro, sin mostrar las actas de cada mesa de votación y sin contabilizar 100% de los votos.

Algunas organizaciones, basadas en las encuestas previas y de boca de urna, indicaron que el resultado del CNE estaba alejado de la realidad estadística. Incluso, el Centro Carter indicó que no fue posible “verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial” y que no haber “anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”. En síntesis, todo un fraude.

Con lo que no contaban Maduro y sus secuaces era que la oposición tenía 80% de las actas, que hizo públicas y reflejaban un resultado 70/30 a favor de González. Con todas estas pruebas y las declaraciones y conducta del CNE, no hay duda del asalto antidemocrático y el golpe de estado perpetuado en Venezuela.

Y si todo esto fuera poco, Maduro emprendió una campaña de represión brutal. Los países democráticos del mundo, organismos internacionales y muchos líderes nacionales y mundiales repudiaron los hechos. El gobierno estadounidense reconoció como ganador a Edmundo González, al considerar que obtuvo la mayoría.

Ante todos estos hechos políticos, el Gobierno Nacional, con mucho en juego, guardó al principio silencio. Después, pretendió dárselas de democrático, pacifista e imparcial, con una declaración que, aunque indicaba que se establecían graves dudas sobre el proceso electoral y pedía un escrutinio transparente con el conteo de votos y actas y la veeduría internacional y de las fuerzas políticas , no señalaba el fraude, solicitaba la suspensión del bloqueo y recordaba a Chávez con añoranza.

Posteriormente, el embajador de Colombia en la OEA se abstuvo de votar una resolución que instaba a publicar los resultados y a llevar a cabo una verificación, en presencia de observadores internacionales, para “garantizar la transparencia, la credibilidad y la legitimidad de los resultados electorales”. Lo cierto es que, ante estas contradicciones, no queda más que concluir la colusión existente entre el gobierno colombiano y el venezolano, a efectos de generar espacios para la consolidación del robo y el control del país. El Gobierno Nacional quiere que el dictador siga en el poder, por todos sus intereses subyacentes, entre ellos la política de paz total y el control en las elecciones de 2026. Por ello, no es de interés del gobierno enemistarse con Maduro, y tampoco pasar como un vulgar validador de la dictadura y del robo de las elecciones, pues estaría tirando por la borda su disfraz demócrata. De ahí todas las contradicciones. La conclusión es que el Gobierno Nacional, admirador de Chávez, no es demócrata. Petro peló el cobre y queda totalmente claro que tenemos a un amante de las dictaduras de izquierda y potencial dictador en el poder.