La crisis generada por el covid-19, desde el punto de vista empresarial, no tiene precedentes: paralizó la actividad productiva y económica, redujo el consumo, limitó el crédito, produjo insolvencia empresarial y pérdida de empleos, y en general, incertidumbre. El resultado parcial de la crisis significó una caída del PIB de 6,8%.

En esta coyuntura, la Superintendencia de Sociedades ha jugado un papel central, preponderante y fundamental, dada cuenta sus funciones en materia de insolvencia empresarial como juez del concurso.

No queda duda que para superar esta crisis empresarial por la que atraviesa, no solo nuestro país sino el mundo entero, se requiere del apoyo y participación de todos los agentes de la economía, bajo la premisa de “todos ponen”, ya que superar esta crisis exitosamente es el deber y el destino común de todos.

En tres pilares se debe fundamentar el proceso de reactivación económica, con el fin de que se materialice la recuperación esperada.

En primer lugar, se requiere la normalización responsable y progresiva de todas las actividades cotidianas, en todos los renglones económicos, que permita la recuperación de las empresas y sus ingresos, como ejes principales de generación de valor, riqueza y empleo para toda la sociedad. En este aspecto, será importante el autocuidado y el plan de vacunación, que de manera programada y responsable, ha establecido el Gobierno Nacional. No es posible, desde el punto de vista empresarial, más cuarentenas o cierres.

En segundo lugar, se requiere un cambio cultural en la crisis empresarial y en los procesos de insolvencia, por cuanto son negociaciones y procesos transaccionales de naturaleza económica. Las negociaciones implican ceder en el corto plazo para ganar en el largo plazo. En los procesos, no se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos, con innovación financiera y gerencial. Pensar más en la empresa y en sus beneficios económicos y sociales y menos en posturas individuales. Se requiere, además, gestionar adecuadamente los activos, a través de planes de negocios innovadores y ajustados a la nueva realidad que viabilicen las empresas, cumpliendo con el cometido social y la finalidad de la insolvencia: la recuperación y conservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, bajo un criterio de agregación de valor. De especial importancia para ello es incorporar como legislación permanente los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020.

En tercer lugar, se requiere mirar el futuro con optimismo y esperanza, valores indispensables en medio de esta crisis, y sobre todo, no darnos por vencidos, para así lograr la recuperación empresarial. El trabajo y la confianza de nuestros empresarios, al igual que la de los consumidores, es de crucial importancia para que el PIB del 2021 crezca al menos 5%.

Desde la Superintendencia de Sociedades continuaremos ejerciendo las funciones a nuestro cargo de manera rápida y eficiente, optimizando los procesos de insolvencia, en procura de la recuperación empresarial y la preservación y generación de empleos.