La democracia representativa no es perfecta, pero no hay duda de que es el mejor sistema de gobierno. En nuestro caso, el sistema democrático representativo funciona relativamente bien, a pesar de sí mismo; por supuesto, es susceptible de mejorar. Los mayores problemas son la multiplicidad y la debilidad de los partidos políticos, como resultado de la paz de Santos, las “reivindicaciones” históricas y los intereses individuales. Hoy en día, quien lo creyera, contamos con más de 30 partidos políticos.

Los hay de todas las clases, tendencias, colores y sabores, pero no hay duda de que la mayoría, más que representar un ideario político, son empresas electorales. En realidad, un partido político no es más que una entidad jurídica que canaliza la participación ciudadana en la vida democrática, donde se aglutinan diferentes personas con los mismos idearios, objetivos, visiones, principios, valores y proyectos de construcción de sociedad y país. Un partido político, por definición, no busca el lucro, suyo o de sus integrantes.

En Colombia, desafortunadamente, esta no es la regla general. Así, aun cuando nuestro sistema es democrático representativo, es decir, que los parlamentarios elegidos representan a sus partidos, a sus electores y a sus idearios, son fácilmente “convencidos” por el ejecutivo, en perjuicio, precisamente, de la propia representación. Además, la mayoría carece de estructuras internas de gobierno fuertes y tienden a ser la plataforma y el negocio de individuos o familias. Esto debe acabarse.

La solución no es hacer nuevas normas, sino aplicar las que existen. Por eso, deben desaparecer los partidos políticos de garaje, a través de la aplicación de las normas de pérdida y conservación de la personería jurídica para empezar a “separar el grano de la paja”. En cuanto al gobierno de los partidos, no es más que aplicar la ley de bancadas, es decir, que los partidos realicen las reformas estatutarias que sean pertinentes y empiecen a votar internamente las posiciones que tendrán ante asuntos específicos. De hecho, da grima lo ocurrido con la presentación del proyecto de ley de reforma a la salud.

No se entiende por qué el proyecto terminó siendo presentado con la firma de unos parlamentarios pertenecientes a partidos que públicamente habían determinado que no apoyaban el proyecto. La Ley 974 de 2005 es clara en el sentido de que los representantes elegidos de los partidos actuarán en grupo y coordinadamente, conforme sea indicado en los estatutos. De no ser así, vamos a terminar con un ejecutivo “convenciendo” parlamentarios a punta de lentejas, como se decía antes, o mermelada, como se dice ahora.

Finalmente, unos partidos fortalecidos, con estructuras de gobierno corporativo y de participación de su miembros y electores, va a facilitar el debate democrático. Unos partidos débiles permitirán la realización del ideario político latinoamericano, es decir, movilizar al pueblo en las calles para forzar la toma de decisiones, en perjuicio de la propia institucionalidad jurídica y natural.

En conclusión, la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno y se requiere contar con partidos políticos fuertes donde funcionen las bancadas. De no ser así, ese gobierno del pueblo a través de sus representantes, terminará en demagogia y en el gobierno de la calle.