El pasado 17 de octubre fue aprobada la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con 93 votos a favor y 13 votos en contra, se aprobaron 81 artículos que continuarán su trámite en el Senado, ante la comisión séptima y posteriormente ante la plenaria.

Para nadie es un misterio que el proyecto de reforma plantea un cambio significativo en el modelo laboral colombiano.

Entre los puntos más destacados está la modificación al contrato a término fijo, el cual pasaría a tener un carácter excepcional, la reducción del horario diurno, el cual pasaría a ser de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., el aumento del recargo dominical y festivo, que pasaría de 75% a 100%, la laborización del contrato de aprendizaje, además de la imposición de otros costos asociados con la inversión en nuevas tecnologías que eventualmente reducirían la demanda de trabajo.

La reforma plantea, grosso modo y dejando a un lado la estabilidad y la protección contra despidos injustificados, un aumento en los costos laborales, que a su turno tendrán un efecto en la productividad y en la innovación. Según Fernández y Villar (2017), la experiencia empírica ha demostrado una correlación negativa entre los costos salariales y no salariales y la contratación en el sector formal. Eso implica que si se aumentan los costos laborales, cae la demanda de trabajadores formales.

Si a eso se suma que el sector formal, por lo general, es más productivo que el sector informal, el aumento del sector informal, a niveles casi equiparables al sector formal, reduciría la productividad agregada. (Universidad de los Andes, 2023).

De igual forma, es importante tener en cuenta que el aumento en el costo de la mano de obra, derivada del aumento en los costos laborales, implicaría una reducción en los niveles de producción, por lo menos en el evento en que las empresas quieran mantener el mismo nivel de contratación. Y si se entra a considerar que, a menor producción, con el mismo número de empleados, menor es la productividad laboral, las empresas se van a ver enfrentadas a encontrar otras fórmulas de arreglo.

El aumento de precios en los bienes finales puede ser otra de las alternativas para afrontar las consecuencias de la reforma, especialmente en aquellas empresas que producen bienes intermedios, es decir, aquellas empresas que se dedican a la producción de insumos que se utilizan en la fabricación de productos.

Esta alternativa puede no ser la más aconsejable, en especial ante la coyuntura actual que atraviesa el país, la cual ha reflejado un aumento considerable en los precios de los bienes y servicios, a causa de la contracción económica mundial, y una reducción importante de la demanda. Lo cierto es que las personas no están gastando y en ese sentido trasladar los costos al consumidor final redundaría en un mayor efecto negativo.

Para evitar trasladar los costos al consumidor final, las empresas se verían en la obligación de reducir sus márgenes de utilidad o de ganancia, lo que llevaría a que tengan menos recursos para invertir en tecnología e innovación. Hecho que supondría, una vez más, un impacto significativo en la productividad.

Dicho esto, quedarían solo dos alternativas más: i) recortar personal para nivelar los costos, hecho que implicaría un aumento en la tasa de desempleo, o ii) deslaboralizar a los trabajadores, pasando de un modelo de contratación formal a un modelo de contratación informal, lo que implicaría un aumento de la tasa de informalidad, sin mencionar los riesgos de litigiosidad que se generarían por acudir a ese modelo de contratación.

Esta realidad apunta a que las empresas, quieran o no, se van a ver abocadas a un escenario hostil, para adecuar sus operaciones a la nueva regulación laboral. La informalidad inducida, a causa de los efectos económicos de esa nueva regulación, harían menos atractivo el sector formal y se perdería, tal vez, la oportunidad más importante que ha tenido Colombia, para avanzar en la solución de los principales retos que afronta nuestro modelo laboral: el desempleo y la informalidad.

Si bien es cierto que históricamente la reducción de los costos laborales, como aquellos introducidos en la reforma de la Ley 789 de 2002 o en la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria), no necesariamente aumentan los índices de empleo (Gaviria, 2007), sí está demostrado que mejoran los índices de subempleo y disminuyen los incentivos a la informalidad (Roa & García 2009). De ahí que a partir de la reforma tributaria del 2012, mediante la cual se incluyeron, entre otros aspectos, la exoneración parcial en el pago de Icbf, Sena y salud, se generara un aumento de dos (2) millones de afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral y una reducción de 4.8 puntos porcentuales en la informalidad (Fernández y Villar 2017).

Todo esto lleva a replantear el enfoque que se le está dando a la política laboral, mediante el proyecto de reforma, en el sentido de pensar que el aumento en los costos laborales permitirá resolver los problemas estructurales. Tal vez sea más conveniente, si se quiere, trabajar sobre lo construido y bajo la premisa del coloquio “más vale malo conocido que bueno por conocer”.