Por falta de quórum, se hundió el pasado 20 de junio el proyecto de reforma laboral en el Congreso. La iniciativa de rediseñar el modelo actual quedó archivada, por lo menos para esta legislatura, y son varias las reflexiones que quedan.

Al margen del contenido de la propuesta y del impacto que hubiese podido generar su aprobación en términos de costos económicos, políticos y sociales, el desplome se presentó como una suerte de crónica de una muerte anunciada.

Los temas que fueron objeto de discusión en las mesas que se adelantaron a finales del año pasado y a comienzos de este año, quedaron atrapados en el cónclave. El afán por el cambio y las ansias de cumplir la agenda contaminaron la consigna y nublaron la posibilidad de discutir los verdaderos problemas que aquejan al modelo laboral colombiano: la informalidad y el desempleo.

Lastimosamente se pasó por alto la historia y los largos años de debate que caracterizaron las reformas de los años 60, incluso la reforma que trajo la Ley 50 de 1990, mediante la cual se modificó el Código Sustantivo del Trabajo y cuya discusión inició en 1985, después de la publicación de un informe sobre empleo, preparado por un grupo de especialistas, donde se sostuvo que las normas laborales debían modificarse en pro de garantizar el equilibrio social y la sostenibilidad empresarial.

La Ley 100 de 1993 tampoco fue ajena a esa realidad y estuvo precedida de numerosos informes, foros, grupos de reflexión y audiencias públicas que iniciaron hacia 1990, con ocasión del Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no fue sino tres años después, el 23 de diciembre de 1993, que el expresidente César Gaviria la sancionó.

Podrían citarse otros ejemplos, pero la conclusión sigue siendo la misma: no puede haber reforma sin concertación, y ello implica escuchar, no solamente oír, implica interiorizar otras alternativas que permitan conciliar puntos de vista que, aunque disímiles, contribuyan a saldar deudas históricas en materia de trabajo.

El proyecto de reforma laboral pretendió abordar, en un solo trámite y en una sola legislatura: la estabilidad laboral, tipos de contratos, tercerización, subcontratación y unidad de empresa, recargos dominicales y festivos, jornada nocturna, trabajo en plataformas digitales, entre otros, sin conciliar la visión del Gobierno y de las centrales obreras con la capacidad económica de las empresas. Se creó un nudo tan estrecho, que fue imposible abrir el espectro político y las posibilidades de un diálogo social responsable.

Ahora solo queda esperar la nueva legislatura que comienza el próximo 20 de julio, donde seguramente el Gobierno presentará nuevamente el proyecto, que en todo caso deberá ser distinto al que fue radicado y deberá surtir el trámite desde ceros, con la debida discusión en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, junto con empresarios y organizaciones sindicales.