El Gobierno anunció que radicará el proyecto de reforma laboral en el Congreso el próximo 16 de marzo de 2023. Sin embargo, hasta el momento no se conoce un borrador del documento y son varias las dudas que genera esa iniciativa, en especial cuando se tiene en cuenta que, de aprobarse y atendiendo los puntos que según la Ministra de Trabajo, van a ser objeto de debate, podría implicar un cambio sustancial sobre el modelo laboral colombiano.

Entre los puntos se destacan: estabilidad laboral y modalidades de contratos, tercerización, subcontratación y unidad de empresa, contrato de prestación de servicios, recargos dominicales y festivos, jornada nocturna, trabajo en plataformas digitales, entre otros.

Si a este panorama se suma el cambio que introdujo la Ley 2101 de 2021, cuyos efectos se sentirán a partir del próximo 15 de julio de 2023, cuando comience formalmente la reducción paulatina de la jornada máxima legal hasta llegar a 42 horas semanales en 2026, conviene preguntarse si realmente el país necesita una reforma estructural en este momento, cuando finalmente se alcanzaron niveles de desempleo y de ocupación que no se veían desde antes de la pandemia, según el último reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE en el mes de diciembre de 2022, y cuando el Congreso de la República se alista para las elecciones territoriales del mes de octubre de 2023, que seguramente desviarán la atención de algunos parlamentarios sobre el debate de la reforma laboral.

De acuerdo con el estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, la reducción de la jornada máxima legal implicará un costo adicional para las empresas que operan dentro de un esquema superior a 42 horas semanales. Se estima que el sector industrial, que por lo general opera sin solución de continuidad, es decir 24/7, o el sector comercio, que requiere de atención al público en horarios específicos y de la contratación de personal adicional 6 horas a la semana, serán los más afectados, a pesar de ser los dos sectores que más empleo formal generan en Colombia.

La ANDI, de la mano del Consejo Gremial Nacional, sostiene que el costo adicional promedio de cada trabajador será de $70,717 a la semana. Multiplicando esta cifra por el número de trabajadores que actualmente laboran más de 42 horas semanales (6.2 millones), el costo total estimado para la economía será de 22.8 billones de pesos. (Andi, 2021)

Esas cifras, que para algunos pueden resultar irrisorias, representan un impacto económico importante para el sector empresarial, además de que dificultan la batalla contra algunas, por no decir todas las particularidades del mercado laboral colombiano: 1) la compensación del trabajo con días festivos, teniendo en cuenta que Colombia es el país con más festivos en el mundo; 2) los índices de ausentismo; 3) el nivel de productividad promedio; 4) la ausencia de valor agregado en las actividades laborales, ante la falta de industria y de innovación; y 4) la asunción del elevado costo parafiscal y prestacional, que ya desborda la capacidad económica de las micro y pequeñas empresas.

Lastimosamente, las empresas se van a ver forzadas a contratar personas que estén dispuestas a trabajar por un menor salario y con ello se disminuirá la capacidad económica y el consumo agregado, lo que terminará por afectar trabajadores y empleadores sin distinción.

No hay que olvidar que la política laboral debe orientarse hacia la generación de estímulos que permitan hacer de la contratación formal una alternativa sostenible en el tiempo. No se puede dejar de lado que, la expedición de normas laborales es necesaria, pero lleva consigo una responsabilidad social, que en el evento de modificar el escenario actual, debe revestir objetividad e imparcialidad, pero sobre todo un análisis de conveniencia, que atienda las circunstancias del mercado y que tenga en cuenta las cargas ya impuestas en la relación de trabajo. De lo contrario, puede peor el remedio que la enfermedad y de nada servirá la propuesta de un cambio sustancial.